Luis Ortiga – Economista
La pandemia generada por la COVID 19 está ocasionando, en primer lugar, un terrible drama humano. Mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos de todas y cada una de las personas fallecidas y todo el ánimo para las personas que padecen contagio. Asimismo, el agradecimiento a todas las personas que, con su trabajo diario, hacen posible que los servicios más esenciales puedan mantenerse.
Espero que lo antes posible los investigadores encuentren la solución a esta tragedia humana.
La pandemia, en segundo término, supone y supondrá, un drama económico para muchas familias. Es a este aspecto al que me quiero referir en el presente artículo.
Las primeras previsiones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo, apuntan para España unas cifras de desempleo del 21% y caída del PIB en un 8%.
Estas alarmantes previsiones para España son notablemente peores que para la media europea. Ello es debido, de forma fundamental, a la particular estructura económica española que hace que su gran dependencia del turismo y sector servicios le hace más vulnerable a esta enorme crisis económica.
Diferentes analistas coinciden en afirmar que será la mayor depresión económica en España desde de la Guerra civil y por supuesto una crisis económica más grave que la iniciada en 2008.
Lamentablemente, no veo que ningún informe actual haga referencia a un colectivo que siempre se ha visto afectado con mucha intensidad en estas situaciones. Me refiero a las personas de más de 50 años de edad.
Cientos de miles de personas tienen actualmente la «cobertura» económico/social de los ERTE y «cese de actividad» en el caso de autónomos. A nadie se le escapa la gran probabilidad de que, por desgracia, en unos meses, esos ERTE degeneren en ERE (pérdida definitiva de empleo) y en cierre del negocio/actividad para el caso de autónomos. Está situación es especialmente delicada para el colectivo citado anteriormente. A partir de los 50 años es y será muy difícil encontrar empleo y emprender nuevos negocios. Estas personas estarán abocadas a subsistir primero con las prestaciones de desempleo y posteriormente con el subsidio de mayores de 52 años. Finalmente, deberán acogerse a la jubilación anticipada. Ahí serán castigadas de nuevo y verán su pensión recortada en hasta un 32% ya para toda su vida.
Está claro que el Gobierno debe tomar medidas de forma urgente para evitar que este colectivo sea, una vez más, el gran olvidado y el menos protegido.
Destacar que en ese colectivo, muchas de las personas afectadas han cotizado a la Seguridad Social por más de 40 años, al haber empezado su actividad laboral a una edad muy temprana; catorce o quince años. Pues bien, estas personas también verán reducida su pensión en hasta un 32%.
Es preciso modificar la actual legislación para asegurar que 40 años cotizados sean suficientes para el cobro de la pensión que corresponda, sin reducción alguna. La pensión debe venir determinada por los años cotizados, independientemente de la edad de jubilación.
Parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos han aprobado Proyectos no de Ley (PNL) avalando la derogación de los coeficientes reductores que penalizan de por vida las pensiones de personas jubiladas con más de 40 años de cotización. Lo mismo se ha aprobado a través de PNL en Congreso y Senado. Recientemente en el seno del Pacto de Toledo, los grupos parlamentarios, de forma casi unánime, apoyaron esa derogación ante el Ministro de Seguridad Social, el cual admitió la injusticia que se está cometiendo con esas personas con largas carreras de cotización.
Los Sindicatos también se han pronunciado totalmente favorables a eliminar esa injusta penalización
Señores y señoras del Gobierno de España. La demanda es clara y justa. Cuenta con un apoyo social y político mayoritario.
Actúen de una vez y acaben con esa ignominia.
Nuestra sociedad demanda, por justicia y dignidad, una jubilación anticipada sin penalizar para personas con 40 años o más cotizados.
