El crecimiento económico no está generando el empleo que nuestro país necesita
  • El crecimiento está alimentando los beneficios empresariales, pero no el bienestar general de la sociedad española.
  • Nueve de cada diez contratos fue de carácter temporal en 2018

Javier F. Ferrero

Según los datos del avance de la Contabilidad Nacional del cuarto trimestre del año, el PIB habría crecido en el cuarto trimestre de 2018 un 0,7% trimestral y un 2,4% en términos anuales, igual que en el trimestre anterior. Estos datos muestran una senda de crecimiento sostenido.

El empleo está creciendo a un ritmo del 2,6%, una décima más que en el trimestre anterior, lo que supone 463.000 ocupados más. Son buenas cifras, pero algunos de los datos que se pueden extraer son muy preocupantes.

En 2018, nueve de cada diez contratos fue de carácter temporal, y el 36% del total fue a tiempo parcial. En conjunto, tan solo seis de cada cien contratos fue indefinido a tiempo completo. Desde 2012 ha aumentado la rotación en el empleo y la precariedad en todas sus formas.

El desplome de la actividad de las ramas industriales, que han pasado de crecer a un ritmo del 4,9% hace un año a caer un 1,1% ahora. Es algo muy preocupante ya que en la industria se encuentra la base productiva más estable de un país, la que sirve de motor del avance tecnológico y la que genera empleo de mayor calidad.

Además, a intensa creación de empleo es consecuencia en buena parte de la baja calidad del empleo creado. Debido a esto, la productividad por trabajador y por hora trabajada no solo son reducidas, sino que incluso son negativas (-0,2% y -0,6%, respectivamente), lo que constituye una anomalía para cualquier economía.

Todo esto nos acerca a la cruda realidad: el crecimiento económico no está generando el tipo de empleo que nuestro país necesita, ni se están repartiendo los beneficios del mismo de manera equitativa. El empleo que se está creando es esencialmente precario, y ello no está permitiendo ni consolidar un crecimiento más sostenible, ni obtener los recursos adecuados, vía cotizaciones e impuestos, para sostener un estado de bienestar avanzado.

En resumen, el crecimiento está alimentando los beneficios empresariales, pero no el bienestar general de la sociedad española.

 

El cambio necesario

Ha habido ya decisiones y actuaciones que caminan en el sentido adecuado, como la decisión de aumentar el salario mínimo de convenio a 1.000 euros en 2020, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros en 2019, el acuerdo para mejorar el empleo y las retribuciones de los empleados públicos de 2018 a 2020, la revalorización de las pensiones con el IPC o la mejora parcial de algunas prestaciones por desempleo. Pero esto no basta.

Es necesario implementar un Plan Estratégico para la Industria en nuestro país, que contribuya a elevar su aportación al 20% del PIB, que ahora es del 16%, y poner una mayor atención inversora en los factores que poseen mayor incidencia sobre las bases de un crecimiento de futuro, como el I+D+i, las infraestructuras de comunicaciones, la sociedad del conocimiento y la formación de los trabajadores y las trabajadoras, apostando por una nueva estrategia industrial de largo plazo que nos sitúe a la cabeza del progreso entre los países de nuestro entorno, sin merma de los derechos laborales y sociales.

Pero, ante todo, es imprescindible revertir la reforma laboral de 2012, sin lo cual no será posible traducir el crecimiento de la actividad en empleo de calidad, más productivo y estable. Un empleo que beneficia a todos los niveles de la sociedad española.

 

No podemos olvidarnos de los que no consiguen empleo

Sigue habiendo más de 3 millones de personas que quieren trabajar y no pueden, de los cuales más de un tercio lleva más de dos años en esa situación, y un 15,3% de tasa de paro, casi el doble de la existente en 2007. Por eso, reducir el paro debe ser el principal objetivo de toda la sociedad, lo que requiere la puesta en marcha de una política económica más expansiva, que termine definitivamente con la nefasta austeridad que ahogó a millones de familias desde 2010.

Es urgente extender la cobertura de las prestaciones por desempleo. Apenas seis de cada diez parados registrados perciben alguna prestación económica, cuando en 2010 eran ocho de cada diez. Por eso es imprescindible que el Gobierno apruebe definitivamente la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy restringió a los mayores de 55 años y con condiciones de acceso más severas, lo que contribuyó decisivamente al aumento de la pobreza entre los desempleados y sus familias. Es una medida que no puede retrasarse más.


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