La Comunidad de Madrid ha dado inicio al proceso de adjudicación de 1.763 viviendas protegidas en régimen de alquiler correspondientes al lote 3 del «Plan Vive», según informó ElPlural.com.

Algunas de estas viviendas, ubicadas en localidades como San Sebastián de los Reyes, Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá de Henares y Getafe, pueden ser solicitadas por ciudadanos que ganen hasta 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a ingresos anuales de hasta 78.750 euros.

A pesar de ser consideradas viviendas de protección oficial, el precio de alquiler oscila entre 415 euros y más de 1.088 euros al mes, dependiendo del tamaño y la ubicación. Además del alquiler, los inquilinos están obligados a cubrir gastos comunitarios que incluyen limpieza, mantenimiento, jardinería, piscina, gimnasio, conserjería 24 horas y suministros de las áreas comunes. Estos gastos pueden representar hasta el 18% del alquiler mensual.

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Además, los inquilinos también deben pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), las tasas de basuras y otros impuestos municipales, así como los consumos individualizados de agua, luz e internet. La vivienda se entrega sin amueblar, por lo que los inquilinos deben adquirir por su cuenta electrodomésticos, muebles y otros elementos básicos para vivir en la propiedad.

Además de todo lo anterior, la Comunidad de Madrid exigirá un mes de fianza (obligatorio por ley) y otro mes adicional en concepto de garantía adicional.

El proceso de adjudicación de estas viviendas no se basa en la renta de los solicitantes, sino en la velocidad con la que completen el formulario de solicitud en la página web convivemadridalquila.com.

Los primeros en completar el formulario, siempre que cumplan con otros requisitos como empadronamiento y ser mayores de edad, serán los beneficiarios, cuya concesión puede durar hasta 10 años.

Esta controvertida adjudicación se suma a otras políticas de la Comunidad de Madrid, como reducciones fiscales para las rentas más altas, becas escolares dirigidas a familias adineradas, hipotecas avaladas al 95% para viviendas de alto valor y cheques para la contratación de empleadas del hogar.

Estas medidas han suscitado críticas y preocupaciones sobre la equidad en el acceso a los beneficios públicos en la región bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso.

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