El nuevo curso escolar arranca con un déficit de más de 26.600 docentes a pesar de las últimas convocatorias de empleo público, insuficientes para atender el incremento de alumnos en los últimos diez años.

En los últimos diez años, la cifra de alumnos no universitarios ha aumentado un 9,6% en todo el país (+722.733) hasta un total de 8.179.539, mientras que la cifra de docentes solo ha subido un 4,1% (+20.320) generando un desfase en la ratio de alumno por profesor.

A este dato se suma también el hecho de que este verano, durante los meses de junio, julio y agosto se han destruido un total de 221.669 empleos en el sector de Educación, una cifra que confirma la inestabilidad del colectivo, según datos de la Seguridad Social.

Las oposiciones a docentes realizadas este verano arrojan un total de 27.995 incorporaciones de los cuales el 84,35% tenían experiencia docente. Sin embargo, está cifra es claramente insuficiente a raíz de los datos valorados y urge reforzar las plantillas para adecuarlas al incremento de alumnos.

A estos datos de empleo se une un déficit en el gasto educativo de 7.123 millones de euros, dado que los diferentes Gobiernos de forma sistemática no han reflejado el incremento del coste de la vida a esta inversión. De hecho, el actual gasto educativo es menor que el de 2008, con el incremento del IPC de los últimos años.

Por otra parte, la falta de acuerdos políticos, el retraso en la formación de un nuevo Gobierno, la prórroga de los presupuestos y los problemas de financiación de las CCAA no han hecho más que agravar la situación. Todo ello está provocando que no se pongan en marcha soluciones inmediatas a problemas tan graves como el déficit en las plantillas, el exceso de alumnos por aula, la falta de atención individualizada y el exceso de burocracia en los centros.

Es necesaria una normativa básica que regule el horario lectivo para todos los docentes y una negociación de este tema en el marco del Estatuto Docente y que un futuro Gobierno estable lidere el Pacto Educativo para modificar la LOMCE y se consensue una Ley que mejore nuestro Sistema Educativo. Esta Ley debe fundamentarse en: potenciar la educación de titularidad pública; una Ley de Financiación cuyo horizonte sea el 7 por ciento del PIB y una reducción generalizada de ratios de alumnos y un incremento de las plantillas.

Datos: CSIF

Vídeo Recomendado:

Deja un comentario