El decreto por el que el Gobierno ha eliminado el ‘impuesto al sol’ cuadruplica la cuantía de los avales para las instalaciones de producción y obliga a afianzar un 10% del coste de las actuaciones necesarias para que estas se conecten a la red de evacuación y distribución.

Las novedades se encuentran en la parte llamada “Medidas destinadas a asegurar la finalización de los proyectos de producción con derecho de acceso a la red”, modifica varios artículos de otro anterior, de 2000, que regula el “transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica”.

De esta forma, se cuadruplica, de 10 a 40 euros por kilowatio instalado el dinero que los productores deben depositar ante la Administración, ya sea en metálico o mediante avales bancarios, antes de solicitar la conexión con la red, algo que puede tener efectos desincentivadores para los pequeños y medianos productores.

La medida no afecta a las instalaciones domésticas, de hasta diez kilowatios de potencia, siempre que “no tengan la consideración de instalaciones de producción«.

Esta medida es una restricción a la competencia que reducirá la inversión y que favorece los intereses de las grandes compañías y los fondos de inversión, con mucho más poder financiero.

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