El Síndic de Greuges –defensor del pueblo catalán–, Rafael Ribó, ha recomendado este miércoles a Quim Torra que retire los lazos amarillos y banderas independentistas de los edificios públicos de la Generalitat. El president anunció que actuaría según sus recomendaciones, por lo que el informe del Síndic zanja así la batalla abierta por Torra y el Govern contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), que le había conminado a quitar los símbolos, advirtiéndole de posibles consecuencias penales si no lo hacía.

Según ha considerado Ribó, colocar los lazos en las dependencias públicas durante el tiempo ordinario, forma parte de la libertad de expresión, no así durante la campaña electoral, cuando considera que las autoridades públicas deben abstenerse de emitir este tipo de mensajes. El Síndic, por tanto, no ve la supuesta limitación del derecho a la expresión que había sido aducida por Torra entre sus razones para negarse a cumplir el mandato de la JEC.

Según ha explicado el Síndic, la institución del defensor del pueblo ya había trasladado el viernes que era favorable a la retirada de los símbolos en periodo electoral. Sin embargo, el Govern pidió una serie de aclaraciones sobre esta recomendación el lunes. Fue el martes, conociendo la postura del Síndic, cuando Torra anunció que cumpliría la recomendación que hiciera Rafael Ribó.  

La Junta Electoral requirió a Torra la semana pasada, a instancias de Ciudadanos, que quitara los lazos amarillos y banderas catalanas con la estrella independentista (‘estelades’) de las fachadas de sus edificios, al entender que estos son símbolos partidistas. El president recurrió por escrito esa decisión, pero la JEC no aceptó sus argumentos y volvió a instar a la retirada de los símbolos este lunes, esta vez advirtiéndole de posibles consecuencias penales si no lo hacía antes de 24 horas.

Finalmente este martes, después de acabar el plazo, Torra asumió personalmente la decisión de mantener la pancarta colocada en la fachada del Palau, al tiempo que dejó en manos de los consellers la decisión de qué hacer con las de sus respectivos departamentos. En paralelo, Torra requirió al Síndic el pasado viernes un informe sobre la cuestión que sería, según se anunció, la postura final que adoptaría el Govern.

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