Xan Pereira

Gas Natural quiere invertir unos 200 millones de euros en un depósito de almacenamiento y 50 nuevos kilómetros de gasoducto a 200 metros del Parque Natural de Doñana y a dos kilómetros del Parque Nacional, pretende aprovechar un antiguo yacimiento de gas en desuso desde hace 30 años. El proyecto ha sido declarado de utilidad pública por el Gobierno central y desde 2015 cuenta con el firme rechazo de la Junta de Andalucía. 

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, instó hace unas semanas a través de un informe a evaluar conjuntamente los cuatro subproyectos en los que Gas Natural Fenosa ha troceado su almacén subterráneo. En el texto avisa de que “el emplazamiento de los proyectos podría no ser el idóneo” e indica que “no parece que la inyección de gas sea una actividad apropiada en este entorno”.

La información que ha proporcionado el Instituto Geológico y Minero de España “no permite despejar adecuadamente las dudas existentes sobre la viabilidad de los proyectos de explotación y almacenamiento de gas en Doñana”. “En todo caso, su viabilidad debería estar acreditada tras una correcta evaluación ambiental que ofreciera resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos, lo que no ocurre en este caso”, apunta. La evaluación ambiental debe repetirse, según el defensor.

El texto continúa indicando que el IGME no se ha pronunciado “concluyentemente sobre los últimos estudios aportados por el promotor y resulta imprecisa su valoración de estos”, y las declaraciones de impacto ambiental “resultan insuficientes”: “Se formula una declaración favorable sin disponer de todos los datos necesarios para valorar un determinado impacto o riesgo, pero se da el visto bueno para que se ejecuten instalaciones y sondeos de las que pueden derivarse dichos impactos (inyección de gas en el subsuelo, sobre el acuífero)”.

“Los impactos que puedan ponerse de manifiesto en la fase de ejecución y explotación del proyecto por una evaluación insuficiente pueden dar lugar a daños ambientales irreversibles o de reparación costosa, lenta y compleja, además de activar también costosos mecanismos de compensación al titular de la explotación, si finalmente esta no resultara viable”, concluye el texto.

Fernández Marugán redactó su informe con motivo de la queja presentada por Greenpeace en relación con el riesgo sísmico del proyecto y tras un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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