Drenaje ácido procedente de la antigua mina de Touro / Salvemos Cabana

El conselleiro de Industria Francisco Conde parece vivir en un mundo paralelo ajeno a la realidad al olvidar que este órgano dependiente de las Cortes Generales consideró a su departamento y por extensión a la propia Administración autonómica como “no colaboradora o entorpecedora” en su último informe anual.

En este sentido, resulta lamentable que tanto Francisco Conde en su intervención del miércoles en la Cámara gallega como el actual Director Xeral de Enerxía e Minas Bernardo Tahoces apelen reiteradamente a términos como la “minería responsable” o la “minería sostenible” cuando la situación actual de falta de control sobre el sector extractivo está dejando en evidencia la inacción de distintos departamentos de la actual Administración gallega.

De hecho, en el Anexo D de su último informe anual, la Oficina del Defensor del Pueblo consideró a la Consellería de Economía, Empleo e Industria y por ende a la propia Xunta de Galicia, como Administración “no colaboradora o entorpecedora” tras un tercer requerimiento de información sobre la degradación ambiental provocada por la actividad minera en Touro, a partir de una queja planteada por Salvemos Cabana en el año 2014.

De igual modo, en lo referente a la actividad minera en la Comarca de Valdeorras, el informe del Defensor afirma que “se han dirigido varias resoluciones a las consejerías de Economía y Medio Ambiente de la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, para que evalúen los efectos sobre el medio ambiente de la actividad extractiva incluídas las afecciones al dominio público hidráulico, decidan las medidas correctoras que deban adoptarse e identifiquen al responsable de su adopción”, pero “de la información recibida se deduce que las administraciones no conocen con precisión el estado de las explotaciones mineras en una zona donde se han desecado cauces, contaminado ríos, y realizado depósitos de residuos incontrolados”.

Esta situación se refleja también en el informe anual de la institución en 2014, donde el Defensor del Pueblo afirmó que “ha sido preciso recordar al órgano autonómico ambiental que las atribuciones del órgano sustantivo (la Consellería de Economía e Industria) no privan de las suyas al órgano ambiental; y que este siempre es competente para preguntar al órgano de minas, instarle, recabar información, incluso denunciar actos y exigir el cumplimiento de las leyes; en suma, le compete siempre saber y conocer qué está ocurriendo con las explotaciones mineras en Carballeda de Valdeorras (Ourense)” insistiendo en que “la citada consellería aún no ha informado, pese a habérsele requerido dos veces”.

EUFEMISMOS DE LA PATRONAL MINERA

El panorama mostrado por el Defensor del Pueblo en relación con la falta de control sobre el sector minero y la manifiesta opacidad de la Xunta demuestra que los conceptos de “minería responsable” y “minería sostenible” a los que reiteradamente se apela desde la Consellería de Economía e Industria no dejan de ser un mero eufemismo creado por la industria minera en beneficio de sus propios intereses. A juicio de la asociación puede hablarse de una “minería razonable” en lo que al aprovechamiento de recursos del subsuelo se refiere, pero no de “minería responsable” o “minería sostenible”, más cuando se habla de actividades no perdurables en el tiempo, la explotación del recurso supone su agotamiento, y sobre todo cuando la dejación de funciones por la parte administrativa es a veces tan obvia como en el caso gallego, donde casos como los de Touro, Valdeorras, Monte Neme, Triacastela o San Finx sirven no dejan de ser un recordatorio de los verdaderos efectos de la actividad extractiva sobre el territorio cuando este tipo de actividades no se realizan con el debido control de las autoridades. 

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