El Defensor del Pueblo ha dado un tirón de orejas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por su política de becas que favorece a las personas adineradas y deja fuera a las familias desfavorecidas.

Las acciones de Ayuso han sido calificadas como clasistas y han generado polémica, recibiendo críticas incluso desde la figura de Ángel Gabilondo, quien desempeña el papel de defensor de los derechos fundamentales.

El enfoque de Ayuso se ha centrado en proporcionar becas para que aquellos con mayores recursos puedan acceder a la educación en escuelas privadas, ofrecer ayudas para contratar empleadas del hogar y establecer avales hipotecarios vinculados a viviendas que superen los 390.000 euros. Sin embargo, esta política ha dejado fuera de las becas de comedor a cientos de familias de bajos recursos, generando una clara discriminación.

El Defensor del Pueblo cuestiona la distribución de becas de Ayuso
El Defensor del Pueblo cuestiona la distribución de becas de Ayuso

Ángel Gabilondo, como Defensor del Pueblo, ha solicitado a la mandataria madrileña que «revise los criterios de renta establecidos en su normativa reguladora para la concesión de becas y ayudas al estudio con la intención de que éstas cumplan la finalidad de compensar al alumnado con desigualdades socioeconómicas desfavorables».

Ante esta situación, la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA Giner Ríos) ha denunciado la discriminación ante el Defensor del Pueblo, después de que se revelara que un tercio de los beneficiarios de los cheques de Bachillerato de la Comunidad de Madrid provenían de colegios privados, algunos segregados por sexo.

Gabilondo ha resaltado que permitir el acceso a ayudas para estudiantes con altos ingresos y denegar becas de comedor a alumnos por debajo del umbral de pobreza rompe con el principio de equidad. Los límites de acceso a estas ayudas se sitúan en rentas de más de 100.000 euros, una cifra que dista enormemente de las necesidades de las familias más necesitadas.

La política educativa de la Comunidad de Madrid ha recibido críticas por su enfoque exclusivo hacia familias adineradas, mientras que las familias más humildes se ven excluidas de oportunidades educativas igualitarias.

A pesar de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, es probable que la situación no cambie, lo que mantendría la brecha entre aquellos con mayores recursos y aquellos menos favorecidos, generando una política de clases claramente desigual.

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