• Considera que esta norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Castilla y León.
  • En mayo también el TSJ de Castilla y León trasladó una cuestión de inconstitucionalidad sobre esta misma ley.
  • PACMA continúa en su batalla para declarar ilegal la actividad cinegética y conseguir su prohibición.



El Defensor del Pueblo, Don Francisco Fernández Marugán, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley de Caza de Castilla y León.

Considera que esta norma se aprobó sin los estudios necesarios y con la intención de eludir el cumplimiento y dejar sin efecto los autos del TSJ de Castilla y León, que paralizaron de forma cautelar a finales de febrero la caza en esta comunidad gracias a la denuncia de PACMA.

Esto sucede después de que a finales de mayo también el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tramitase una cuestión de inconstitucionalidad en referencia a esta ley y diese traslado de la misma al máximo tribunal.

Esta nueva noticia reafirma al Partido Animalista en la idea de que la Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aprobada deprisa y corriendo como artimaña para contentar a los cazadores, vulnera la Constitución.

PACMA logró la paralización temporal de la caza en toda Castilla y León, un hecho histórico

El pasado mes de febrero el TSJ admitió las medidas cautelares solicitadas por PACMA y suspendió la actividad cinegética en toda la comunidad autónoma al considerar que la fauna silvestre, «el interés más sensible, más frágil y vulnerable y, por ello, más necesitado de protección» estaba en peligro por la práctica de la caza.

Tras esta victoria sin precedentes, que por primera vez llevaba a los tribunales la violenta actividad de los cazadores que PACMA lleva años denunciando, las Cortes de Castilla y León aprobaban una modificación de la Ley de Caza para saltarse la decisión judicial. Con esta maniobra los partidos políticos representados demostraron su absoluto desinterés en la protección de los animales y el entorno natural y se rindieron a las presiones de los cazadores.


El Partido Animalista afirmó en aquel momento que esta artimaña, por la puerta de atrás, era una burla al sistema judicial y que esta nueva ley incumplía igualmente las directivas europeas que vulneraban el reglamento y la orden de caza suspendidos.

Poco después, en el mes de mayo, el TSJ dio la razón de nuevo al Partido Animalista y pidió al Tribunal Constitucional que se pronunciase por la posible inconstitucionalidad de la ley de caza de CYL.

Ahora, la solicitud interpuesta por PACMA en la Oficina del Defensor del Pueblo ha sido admitida y también esta institución ha trasladado al Constitucional la Ley de Caza de Castilla y León.

«Nuestra perseverancia pone a prueba a quienes sustentan políticamente a los cazadores y demuestra que los partidos representados en las Cortes de Castilla y León trabajan para preservar las actuaciones ilegales de la Junta de Castilla y León en materia de caza», afirma Laura Duarte, portavoz de PACMA.

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