Isidoro Moreno
Catedrático emérito de Antropología


El recién presentado Informe Foessa, que se realiza a instancias de Cáritas, muestra cómo uno de cada tres andaluces/zas está en situación de pobreza y exclusión social (un millón y medio de personas) o se encuentra al borde de estarlo (otro millón). Hemos llegado a esta situación, que debería provocar una verdadera alarma social, porque tras casi cuarenta años como comunidad autónoma persisten, e incluso se han acentuado, las causas estructurales de la dependencia económica y la subordinación política de Andalucía y de sus desigualdades internas. Transformarlas se hace imprescindible pero es una apuesta colectiva a largo plazo. ¿Y mientras qué? ¿Cómo se podría garantizar a esas personas y familias la subsistencia diaria y que otras muchas no caigan a la misma situación?

Es cierto que el denominado «Estado social» procura una sanidad, una educación y unas pensiones que, aunque amenazadas hoy en su financiación y gestionadas cada vez con criterios menos sociales, suavizan la situación de ese tercio de la población que sin estas coberturas estaría totalmente desprotegido. Pero el problema de la subsistencia no está resuelto: los subsidios, se llamen «rentas mínimas garantizadas» o de otra forma, fracasan en este objetivo, ya que son insuficientes, no llegan a una gran parte de la población a la que están destinados y obligan a la existencia de una enorme burocracia para su gestión y la vigilancia contra abusos y corruptelas, lo que supone unos gastos muy cuantiosos. Y, por otra parte, para intentar acceder a esos subsidios hay que demostrar continuamente la situación de marginalidad o pobreza, lo que no deja de ser humillante.

La realidad es que hoy no existe garantía para que sea realidad para todos el primero y más fundamental de los derechos humanos: el derecho a la subsistencia en condiciones, al menos, mínimamente aceptables. Sin que este derecho se materialice, todos los demás derechos se convierten en retórica. La vía tradicional para conseguir la subsistencia ha venido siendo, para quienes no tenemos rentas propias -que somos la gran mayoría-, acceder a un empleo permanente con salarios y condiciones de trabajo dignos. Las luchas sindicales y políticas a lo largo de gran parte de los siglos XIX y XX se dirigieron a este objetivo. En ese tiempo, para la reproducción del capital era necesaria una legión de trabajadores. Sin creación de empleo, no era posible mantener, y menos ampliar, los beneficios. Pero hoy estamos en un mundo diferente. Los capitales se multiplican principalmente por vía financiera, la aplicación de las nuevas tecnologías en la producción y comercialización hacen innecesarios millones de empleos y la deslocalización y externalización han precarizado el mercado laboral hasta el punto de que millones de personas tienen que aceptar cualquier oferta de empleo miserable con la alternativa de que «eso o nada». En este nuevo marco, insistir en el objetivo del pleno empleo o cosas semejantes es no ver, o no querer ver, la realidad.

Una alternativa sería la transformación radical del Sistema. Pero, aquí y ahora, ¿qué hacer con la legión creciente de personas y familias arrojadas a la pobreza y la marginalidad o al borde de estarlo? Una renta básica universal e incondicional (RBUI) con carácter permanente, es decir para todos los ciudadanos y para siempre, sin que haya que demostrar nada a ningún burócrata en relación con la situación respecto al mercado laboral, sería una medida eficaz y posible. Existen estudios más que suficientes que muestran su viabilidad modificando los tipos del IRPF, eliminando ciertos beneficios fiscales y poniendo en marcha otras medidas que, sin suponer una quiebra del Sistema, ni restar a los gastos sociales del estado, hagan posible una transferencia significativa desde las rentas más altas a las más bajas (del 20% de la población al otro 80%).

Que todas las personas adultas tuvieran automáticamente ingresos aproximados al salario mínimo potenciaría y dignificaría los trabajos que no son empleos (trabajos de cuidados, trabajos domésticos, trabajos de voluntariado…) y revolucionaría el mercado laboral porque nadie estaría obligado a aceptar cualquier oferta. Con lo que las personas serían más libres en la toma de decisiones. Quizá sea esto a lo que teman grandes instituciones, partidos políticos y burocracias sindicales, y por ello se desentiendan del tema. Sobre el que, sin duda, son necesarios debates rigurosos y sin anteojeras. Como el que pretendemos tener en Sevilla, los días 17 a 19 de octubre, en la Facultad de Turismo y Finanzas, en el XIX Simposio (I Ibérico) sobre la Renta Básica como Derecho Universal.

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