Entre el revuelo creado hace unos días por el bono a la vivienda que el PSOE pretende introducir mientras Podemos se da palmadas en el hombro por haber influido en la medida, los desahucios ejecutados en el segundo trimestre de este año llegan a los 11.572. A esperas de los datos del tercer trimestre de 2021, vemos cómo los hogares en riesgo, según la PAH, llegan a ser 80.000. Frente a las medidas tomadas por el gobierno de coalición para paliar la subida de los precios del alquiler, Pablo Casado propone, al igual que hicieron antes de la crisis del 2008, liberalizar suelo público para abaratar el coste de alquiler y compra, porque «lo que hace que el precio se dispare es el suelo».

En esta misma semana también hemos visto a Ayuso asegurar que en Madrid hay 150.000 pisos vacíos porque los inquilinos «ocupan, son morosos y destrozan las viviendas». Argumenta que el problema de la vivienda en la capital «lleva más de 20 años», obviando la importancia que la especulación tiene en Madrid y cómo también repercute en los precios de los pisos de las grandes ciudades españolas. Ayuso, a través de su discurso, ha tratado de redirigir la culpa e importancia que recae en los propietarios y no en los inquilinos, como ella comenta. Mientras, el gobierno y su ley de Vivienda que sanciona a los propietarios que poseen más de 10 viviendas dice estar orgulloso por la defensa que realiza por los derechos de los españoles.

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Este discurso dista mucho de la realidad que viven cientos de españoles a diario. La crisis del 2008 elevó los desahucios hasta niveles desorbitados, con hasta 517 desahucios en el primer trimestre de 2012. Desde grupos defensores del derecho a la vivienda se teme que la crisis acentuada por la COVID-19 traiga de nuevo las vulneraciones de derechos que la crisis del 2008 acentuó. La falta de una alternativa habitacional ha sido otra de las causas por las que grupos y partidos de izquierda han luchado contra la ejecución de los desahucios. La utilización de la fuerza y una excesiva represión policial contra quienes defendían a las familias que la policía y el sistema español dejaban en la calle ha sido motivo de numerosas denuncias contra el sistema que lo avala y protege a través de jueces y fiscales.

Ahora, cuando la Constitución establece que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» los partidos hegemónicos en la izquierda y derecha se oponen a cualquier forma de acceso que no suponga un enriquecimiento de los grandes propietarios o fondos buitre. Es en este momento cuando recordamos que Ábalos admitía, en febrero de este mismo año, que la vivienda era un derecho social, pero también un bien de mercado, dejando claro qué era lo que estaba por encima para él y su partido. Por ello, aunque la izquierda del hemiciclo sea capaz de gobernar, si no articula soluciones capaces de poner fin a lo que precisamente provoca una desigualdad tan profunda como para dejar a cientos de familias en la calle cada año cuando bancos y fondos buitre se enriquecen a su costa, tiene intereses propios que prevalecen sobre el interés general. Ahora, ocho meses después de las declaraciones del antiguo ministro de transportes, José Luís Ábalos, la concepción de todo un partido respecto a la vivienda no ha cambiado, sino que se ha adaptado a las reclamaciones cada vez más continuas de una ciudadanía cansada de trabajar para poder pagar una habitación en un piso compartido. Esta adaptación viene dada por la necesidad de callar las voces que ponen de manifiesto que el derecho a la vivienda de los españoles no se ha llegado a respetar nunca y quien ahora pretende justificar la subida del alquiler y sus desorbitados precios con el suelo público o el comportamiento de los inquilinos tiene tanta culpa como quien pone parches a un sistema económico que fuerza a miles de personas a abandonar sus casas.

Los niveles de los desahucios están cerca de los niveles prepandemia y si las previsiones que auguran que la nueva política de vivienda apenas influirá en el número de desahucios, el derecho a la vivienda seguirá sin respetarse. Un derecho que lleva años en jaque por la falta de intereses en respetarlo y que puede acabar en mate si las medidas vacías de soluciones continúan aplicándose a un problema que ya se ha cobrado el futuro de numerosas familias.

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