Más de 215.000 casos de contagio y más de 8.200 decesos son las cifras que ha dejado hasta ahora el nuevo coronavirus Covid-19 en el mundo. Italia es el país más afectado de Europa con 35.713 casos positivos detectados desde el inicio de la pandemia (4.025 personas ya curadas) y 2.978 muertes.

Después de Japón, Italia tiene la segunda población más antigua del mundo. La enfermedad de COVID-19 causa síntomas leves o moderados en la mayoría de las personas, pero los síntomas graves son más probables en las personas mayores o con problemas de salud existentes.

La situación, cada día más drástica, hace que la mayoría de los hospitales italianos se encuentren desbordados. Un ejemplo de ello es el hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo que cuenta con 80 puestos de cuidados intensivos que están siempre ocupados.

Fabio Pezzoli, el director sanitario de dicho hospital admite con angustia que están desbordados: «Lo digo con palabras claras, los 80 puestos de cuidados intensivos están constantemente ocupados, siempre. Y siempre por pacientes con el Covid-19».

Cuando se libera uno de los ochenta puestos de cuidados intensivos los médicos tienen que elegir a quien salvan entre los pacientes más graves, como se hace en una situación de guerra.

«Hasta hace tres semanas, hicimos todo por cada paciente; ahora debemos elegir qué pacientes colocamos en cuidados intensivos. Esto es catastrófico», manifiesta el doctor Niorco Nacoti del departamento de terapia intensivadel hospital Papa Giovanni al Wll Street Journal.

Todos los departamentos de este policlínico están desbordados, incluyendo el servicio de ambulancias. Además atiende 2.500 llamadas diarias por lo que sus líneas para responder a emergencias están saturadas.

El gobierno italiano tiene claro que la única forma de vencer el Covid-19 es el aislamiento. Los italianos que no quieran permanecer encerrados en sus casas tendrán que hacerlo en la cárcel, después de que la ministra de Interior, Luciana Lamorgese, ordenase al jefe de la policía, Franco Gabriele, y a los delegados del gobierno en toda Italia, que controlen al máximo a los ciudadanos que estén en la calle e impongan las más duras sanciones si no pueden justificarse.

Desde el 11 de marzo, día de la entrada en vigor del decreto que impone no salir de casa, se impusieron más de 35.000 denuncias y según confirmó la ministra de Interior, si las denuncias continúan el gobierno adoptará medidas más duras «para frenar el virus, cueste lo que cueste». Los delegados del gobierno en el sur de Italia piden que intervenga el ejército para reforzar la vigilancia.

El primer ministro italiano, Giuseppe Conte estudia ya prorrogar el decreto en el que se estableció a toda Italia como «zona roja», cuya fecha de vencimiento era el 3 de abril.