Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, pretende acudir a la Conferencia de Presidentes Autonómicos con un discurso que, más que liderazgo, refleja un preocupante desconocimiento o, peor, un intento de manipular a la opinión pública. Ha anunciado que solicitará la elaboración de un “plan nacional contra inundaciones”, omitiendo que dicho plan no solo existe desde 2016, sino que está actualizado desde 2023. La directiva europea que lo regula lleva en vigor más de 15 años.
Los “Planes de Gestión del Riesgo de Inundación” (PGRI) son fruto de una directiva de la Unión Europea de 2007, que obliga a todos los Estados miembros a elaborar mapas de peligrosidad y riesgo de inundación para cada demarcación hidrográfica. En España, estos planes fueron aprobados mediante real decreto en 2016 y revisados en 2023. Más de 800 millones de euros se han invertido en su desarrollo hasta la fecha.
El propio Mazón, desde Carcaixent, habló de la necesidad de mejorar los sistemas de alerta temprana y las infraestructuras hidrológicas. Sin embargo, lo que no menciona es que estas iniciativas llevan retrasos acumulados desde hace años, en gran parte debido a la falta de prioridad política. La “experiencia valenciana” que menciona está lejos de ser un ejemplo a seguir, especialmente cuando su gobierno propone medidas que contradicen cualquier lógica de prevención.
Durante la burbuja inmobiliaria de los años noventa, se construyeron 226.000 viviendas en zonas de riesgo medio de inundación en la costa mediterránea. El actual conseller de Medio Ambiente de Mazón quiere perpetuar esta dinámica: ha anunciado reformas al plan autonómico que permitirán construir en terrenos inundables, entre ellos 1.100 hectáreas cuya prohibición está a punto de levantarse.
Otra de las demandas de Mazón es la creación de un fondo extraordinario nacional para catástrofes. De nuevo, su propuesta llega tarde y desinformada. Este tipo de fondo ya existe a nivel europeo: el Fondo Europeo de Solidaridad, al que España recurrió tras la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en septiembre. El Gobierno de Pedro Sánchez formalizó la solicitud el 5 de noviembre, y el Parlamento Europeo la debatió en la segunda semana del mismo mes.
Para acceder a estos fondos, los Estados miembros deben presentar su solicitud en un plazo de 12 semanas tras los primeros daños. España cumplió este procedimiento, pero la gestión de los recursos dependerá de las autoridades autonómicas. Es aquí donde Mazón debería enfocar sus esfuerzos, asegurando que los fondos se usen de manera eficiente y transparente, en lugar de emplear su energía en discursos vacíos.
La hipocresía del gobierno valenciano es evidente cuando, al mismo tiempo que pide fondos para paliar los efectos de las inundaciones, fomenta medidas como construir hoteles a 200 metros de la costa, una decisión que contradice las recomendaciones científicas y las directrices europeas. El riesgo de repetir desastres como el de septiembre no solo persiste, sino que se multiplica bajo estas políticas.
El verdadero problema radica en la visión cortoplacista de Mazón y su equipo. Mientras en el ámbito europeo se insiste en la necesidad de planes integrales y sostenibles, el gobierno autonómico prioriza medidas populistas que benefician a sectores específicos a costa del bienestar colectivo. El mensaje de liderazgo de Mazón pierde toda credibilidad cuando su propia gestión contradice sus palabras.
En lugar de proponer medidas serias y fundamentadas, Mazón recurre al simbolismo político para confrontar al Gobierno central, una estrategia que, lejos de resolver problemas, los perpetúa. Mientras tanto, las y los habitantes de las zonas afectadas por las inundaciones siguen enfrentándose a la incertidumbre, preguntándose cuándo llegarán las soluciones reales.
La lluvia no discrimina, pero las políticas de Mazón sí.
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