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El Diplocat reanuda su actividad después de que el Gobierno lo cerrara con el 155

En un comunicado, ha explicado que Laura Foraster será su secretaria general y que tendrá el apoyo de 39 miembros que forman parte del organismo, desde la Generalitat y otras instituciones públicas hasta organizaciones sindicales, empresariales, universidades y otras entidades sociales y deportivas.

Foraster ha detallado que en esta nueva fase el Diplocat «continuará siendo una herramienta de país, plural y transversal, al servicio de la internacionalización», y ha informado que su primera campaña será para promocionar internacionalmente la Diada de Sant Jordi.

INVITACIÓN A PERIODISTAS

Así, el organismo invitará el 23 de abril a 11 periodistas extranjeros procedentes de Alemania, Italia, Grecia, Eslovenia, Reino Unido, Estonia y Letonia, a vivir el ambiente de Barcelona en directo, y por las redes informará en inglés sobre los detalles de la festividad.

Además, el 3 de mayo organizará en Barcelona un seminario sobre la diplomacia pública en la era digital, para aclarar qué es y qué no es este tipo de diplomacia, comparar los modelos que existen y analizar los casos de buenas prácticas.

Este seminario lo abrirá con una conferencia inaugural el catedrático de Diplomacia Pública de la Universidad del Sur de California (USC) Nicholas Cull, y se presentarán y se compararán los casos de Gran Bretaña, España y la Unión Europea.

NO HA DEJADO DE EXISTIR

En el mismo comunicado, el Diplocat aclara que, pese al intento de «liquidación», desde un punto de vista jurídico el consorcio no ha dejado de existir nunca, aunque el personal fue despedido y la actividad que se hacía sí se frenó durante meses.

El Govern acordó reactivar el Diplocat en una reunión el 12 de junio de 2018, y en este tiempo se ha ido poniendo las bases para que empezara a trabajar de forma definitiva este viernes.

El 12 de abril de 2018, fecha de la que se cumple un año este sábado, agentes de la Guardia Civil registraron su sede por orden del juzgado 13 de Barcelona, que investigaba al organismo por su presunta vinculación con el pago de observadores internacionales para el 1-O.

Redacción

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