En concreto, Abrams se verá en Moncloa con el secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global de Presidencia del Gobierno, José Manuel Albares –el principal asesor diplomático de Pedro Sánchez–, y en Exteriores con el secretario de estado de Cooperación y para Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia.
El viaje de Abrams, que este martes estuvo en Lisboa, se produce una semana después de que el ministro Josep Borrell abordase la situación de Venezuela en Washington con el secretario de Estado, Mike Pompeo, y con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton.
Abrams fue quien apuntó que España podría ser un destino natural para responsables venezolanos que decidan abandonar a Nicolás Maduro y exiliarse. Sin embargo, fuentes del Gobierno español aseguran que la reunión con el enviado estadounidense no versará sobre asuntos tan concretos, sino que será un intercambio sobre la situación. El Gobierno español ha reconocido que habló con Estados Unidos de esa posibilidad, pero ha insistido en que no se entró en detalles.
El viaje de Abrams a España se produce cuando ha pasado un mes y medio de la proclamación de Juan Guaidó como «presidente encargado» de Venezuela, pero Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores.
En un breve comunicado sobre el viaje, el Departamento de Estado dijo este lunes que «Estados Unidos, Portugal y España apoyan una transición hacia elecciones justas y libres lideradas por los venezolanos».
«Estados Unidos está comprometido con la restauración de la democracia en Venezuela, tal y como está recogida en su Constitución y a través de las acciones del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional», recordó.
No obstante, hay diferencias entre la posición estadounidense y la española y europea, que consideran que no será posible llegar a esa convocatoria electoral sin un diálogo con quien controla los resortes del poder. Washington, igual que la oposición venezolana y el Grupo de Lima, ha sido hasta ahora partidario de imponer presión contra Maduro para conseguir el derrumbamiento del Gobierno. España y la UE también han insistido en descartar una operación militar.
La crisis venezolana se agudizó el 10 de enero a raíz de la decisión de Maduro de iniciar un segundo mandato que no reconocen ni la oposición ni gran parte de la comunidad internacional por considerar que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.
El 23 de enero, Guaidó se autoproclamó «presidente encargado» de Venezuela obteniendo el reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, incluidos Estados Unidos, la mayoría de países latinoamericanos y numerosos europeos, para que gestione una transición pacífica que culmine con nuevas elecciones.
Abrams ha defendido que «lo único que se puede negociar con Maduro son los términos de su salida». Desde la Casa Blanca, que hasta ahora solo ha adoptado sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas, han subrayado que «todas las opciones están sobre la mesa» para resolver la crisis venezolana, incluida la militar.
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