El escándalo de las puertas giratorias de la ex-conselleira Beatriz Mato con Greenalia enturbia la precampaña de Alberto Núñez Feijóo y el PP gallego

El Grupo Común da Esquerda llevará a la Diputación Permanente del Parlamento de Galicia a través de su portavoz Antón Sánchez la exigencia al Gobierno de la Xunta para que aclare si la responsable de la Consellería de Medio Ambiente en el período 2015-2018 ha incurrido en la vulneración de la Ley 1/2006 de transparencia y buen Gobierno tras su incorporación a la compañía como directora de Desarrollo Corporativo a los dos meses de abandonar la política.

La normativa oficial indica que los ex-altos cargos deben de presentar una declaración de actividades ante la Oficina de Incompatibilidades y Buenas Prácticas, señalando que “a un mes desde la recepción en el Registro de actividades de la devandita comunicación, el centro directivo competente en materia de función pública deberá pronunciarse sobre la compatibilidad de la actividad privada que se va a realizar y deberá comunicarla tanto a la persona afectada como a la entidad en la que pretende prestar sus servicios” y que “las resoluciones que reconozcan la compatibilidad con la actividad privada se publicarán en el portal de transparencia y Gobierno abierto”, algo que en la actualidad no coincide con la información existente sobre Beatriz Mato, pues no aparece en los registros la existencia de la preceptiva solicitud.

LAS POLÉMICAS DE BEATRIZ MATO

En el escrito presentado ante el Parlamento de Galicia al que ha podido acceder contrainformacion.es, se hace referencia igualmente a las polémicas de la representante del PP en su relación con Greenalia, tanto en el proyecto de una planta de biomasa como en la aprobación de la autorización ambiental de diversos parques eólicos de la compañía, habiéndole concedido asimismo la Xunta a la empresa 795.000 euros en subvenciones y 1.000.000 de euros en préstamos a diferentes sociedades del grupo.

PROYECTO E BIOMASA EN TEIXEIRO-CURTIS

Así, según el documento, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo dió autorización de construcción de una planta de biomasa de 50 MW en el área de Teixeiro-Curtis, pasando “de una situación de ilegalidad a la autorización en un breve período de tiempo”. Es proceso se inició en enero de 2016 cuando la empresa energética Renova Generación S-L. -antigua denominación de Greenalia- fue adjudicataria de 50 MW en biomasa en la puja anual de renovables. En octubre de ese mismo año, la compañía presentó ante el Gobierno gallego un proyecto para construir en Curtis una planta de generación eléctrica a partir de biomasa de 50 MW, aun cuando el límite de potencia de este tipo de plantas es de 10 MW, tal y como establecía en aquel momento el Decreto 148/2008. Sin embargo, y aunque el proyecto superaba el máximo establecido, desde la Consellería de Medio Ambiente, con Beatriz Mato al frente, se permitió el inicio de la tramitación del proyecto y tan sólo dos meses después el PP derogó la norma a través de la “Ley de Acompañamiento” a los Presupuestos de 2017, liberalizando de facto la potencia de las plantas de biomasa. Poco después, Greenalia presentó un proyecto semejante con las mismas carácterísticas de potencia (50 MW) y de ubicación (Curtis-Teixeiro) y finalmente en agosto de 2017, la Xunta de Galicia autorizó la planta “pasandode la ilegalidad a la autorización en tan sólo ocho meses”, según denuncia a nivel parlamentario el Grupo Común da Esquerda.

PROYECTOS EÓLICOS

En el plano eólico, desde la formación se recuerda que entre los proyectos que Greenalia Wind Power S.L.U. tiene en diferentes fases de tramitación está el parque eólico “O Cerqueiral” entre los ayuntamientos coruñeses de Cabana de Bergantiños, Coristanco y Santa Comba, junto con los parques vecinos “Campelo”, “Bustelo” y “Monte Toural”, constituyendo en realidad la fragmentación interesada de un único proyecto que se está tramitando de manera separada y a espaldas de la legislación, afectando a áreas de alto valor ecológico como la Lagoa de Alcaián, a especies endémicas exclusivas de Galicia como la Centaurea ultreiae o a dos aves en situación vulnerable como el aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el aguilucho pálido (Circus cyaneus). Asimismo, alertan de que ha podido existir la utilización de información privilegiada por parte de la empresa al haber tenido acceso la energética a la memoria de dos planes de gestión de especies amenazadas que todavía no han sido aprovados por el Gobierno gallego ni publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y que también dependían del departamento dirigido entre 2015 y 2018 por Beatriz Mato.

UN NUEVO CASO DE PUERTAS GIRATORIAS

Para el diputado Antón Sánchez, parece demostrado que Beatriz Mato tomó decisiones desde su cargo con respecto a la empresa que acaba de contratarla como directiva sin haber dejado pasar el tiempo preceptivo que la Ley establece y sin cumplir con ninguna de las excepciones previstas a la norma, algo que para el portavoz parlamentario del Grupo Común da Esquerda y portavoz nacional de Anova “no resultaría sorprendente” conociendo el “modus operandi” del Partido Popular, que “tiene acostumbrada a la ciudadanía a sus prácticas corruptas y que sus altos cargos entren en consejos de administración tras dejar la política”.