«Muere una profesora en Marbella tras recibir la vacuna de AstraZeneca: Sanidad investiga el caso». Así es como titula un artículo El Español sobre una mujer que ha tenido una hemorragia cerebral y que había sido vacunada contra el coronavirus.

La fallecida, de la que lamentamos su muerte, fue vacunada y se sintió mal tras ello. Acudió a urgencias con cefalea y malestar general y los médicos le dijeron que eran efectos secundarios normales. 11 días después falleció de una hemorragia cerebral.

El periódico achaca este hecho a la vacuna en su titular, pese a que la Junta de Andalucía aún está recabando toda la información disponible sobre el caso. No importa tampoco que la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, haya quitado relación al asunto, señalando que con casos parecidos a los de la profesora solo hay «11 de momento en todo el mundo, y se han puesto 17 millones de vacunas de AstraZeneca».

La responsabilidad social de los medios

Hoy por hoy la ciudadanía está expuesta a los mensajes mediáticos. Los consumimos y asimilamos como opinión “propia”. La “opinión pública” tiene a pensar y evaluar de tal o cual forma dependiendo de cómo la información es mostrada. A veces, más de las que debería, en los mismos términos en los cuales la información fue expuesta en los mensajes mediáticos. Los medios de comunicación masivos actúan como transmisores de mensajes hacia el ciudadano promedio. Por lo tanto su función principal es entretener, informar e impartir valores y códigos de comportamiento que propiciarán que los individuos se moldeen a las estructuras sociales.

Los medios de comunicación se autolegitiman. Necesitan de la materia prima de los contenidos y la publicidad, que proviene principalmente de los actores de poder. Pero también lo es que tiene espacio aquella información que consigue colar una buena
táctica de comunicación, a veces organizada por profesionales, a veces
empujada espontáneamente por un ciudadano cualquiera. Los intereses económicos chocan frontalmente en ocasiones con la información y en ocasiones es necesario priorizar cierta información que atraiga un click fácil que una necesaria denuncia.

La cada vez menos nombrada deontología profesional periodística es un orden normativo que afecta a la actividad periodística. Está formado por un conjunto de normas o principios generales que, en determinadas circunstancias, se sienten como obligatorias y desarrolla esta necesaria función reguladora, entre otros, el derecho y la moral.

La responsabilidad social y la veracidad informativa son la base, o deberían serlo, de todo el que se considere periodista. Dado el auge de Internet en los últimos años cabe esperar la aparición de nuevos códigos que regulen este ámbito: relaciones, manera de proceder, etc., pero esas bases siguen invariables.

Quienes se consideran periodistas están sujetos a responder ante la sociedad con elevados niveles de profesionalidad, que les lleven a poner todo su saber y diligencia en sus acciones debido a la repercusión que puede tener su trabajo. Para ello, el periodista tiene que asentar previamente esas bases de su profesión de las que hablamos, junto con la necesidad de desarrollar el periodismo de manera libre y responsable.

Es posible regular la difusión de noticias falsas? \| Consultorio Etico FNPI

Astrazeneca y los efectos adversos

En las últimas semanas han aparecido diferentes noticias en los medios de comunicación que relacionaban la vacunación frente a la covid-19 con casos mortales. Primero Austria detuvo la vacunación con el lote ABV5300 de la vacuna de AstraZeneca debido a la notificación de dos eventos trombóticos, uno de ellos con desenlace mortal. A esta decisión se sumaron varios países donde también se había distribuido.

A día de hoy, ya han suspendido la vacunación con cualquier lote de AstraZeneca varios países europeos. Entre ellos, se encuentran EspañaDinamarca, Noruega, IslandiaItalia, Alemania y Francia. Ante tanta incertidumbre, es importante matizar esta información para evitar el sensacionalismo desmesurado que tanto afecta a una población cansada de esta pandemia y que puede causar miedo a la vacunación. Para ello, es fundamental conocer cómo funciona la farmacovigilancia y cómo se está controlando la seguridad de las vacunas que se están administrando actualmente.

Cuando se vacuna a un número tan elevado de personas en un corto periodo de tiempo, entre ellas grupos de pacientes con riesgo de padecer ciertas enfermedades, es inevitable observar un número elevado de acontecimientos adversos sin que eso signifique que se deban a la vacuna.

Hay que tener en cuenta que muchos de estos eventos aparecerían de igual forma si la persona no hubiera recibido la vacuna. Por lo tanto, esta información debe analizarse cuidadosamente para diferenciar problemas médicos asociados a la vacuna de aquellos que igualmente habrían ocurrido aunque la persona no se hubiera vacunado.

Para realizar este análisis, se documentan al máximo los casos y se valoran determinados datos. Por ejemplo, la secuencia temporal, el tiempo trascurrido entre la administración de la vacuna y la aparición de los síntomas, antecedentes médicos, medicación concomitante, factores de riesgo, evolución del paciente, etc., además de pruebas de laboratorio e imagen.

En los casos en los que hay un desenlace mortal, se valora información adicional como aquella procedente de autopsias, certificados de defunción y registros médicos relevantes. Toda esta información permite saber si existen causas alternativas que puedan haber causado el acontecimiento médico.

En estos momentos, el PRAC, Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, está revisando todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos de sangre, notificados después de la vacunación con la vacuna de AstraZeneca.

Esta revisión se está realizando en el contexto de una señal de seguridad, de forma acelerada. Una señal de seguridad es información sobre un evento adverso nuevo o incompletamente documentado que podría estar potencialmente causado por un medicamento y que justifica una mayor investigación.

El miedo - Opinión | Diario La Prensa

El Código Deontológico y los medios digitales polémicos

El Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), señala que «el periodista extremará su celo profesional en el respeto a los derechos de los más débiles y los discriminados. Por ello, debe mantener una especial sensibilidad en los casos de informaciones u opiniones de contenido eventualmente discriminatorio o susceptibles de incitar a la violencia o a prácticas humanas degradantes».

Sin embargo, ciertos medios digitales surgidos en los últimos años se alejan claramente de este pretexto. Un ejemplo lo vimos hace unos meses: Rachel L. Levine, ex secretaria de Salud de Pensilvania,  era nombrada subsecretaria de Salud el 19 de enero de 2021 por el nuevo presidente de los Estados Unidos Joe Biden.

La forma de tratar esta noticia ha sido muy diferente entre los digitales llamados progresistas y la de los medios «ultras», como Mediterráneo Digital. Mientras que medios como La Vanguardia o El Confidencial, poco sospechosos de ser de «izquierda», titulaban «Biden nombra a la doctora transgénero Rachel Levine como subsecretaria de Salud» y «Rachel Levine: la doctora trans que puede hacer historia en el Gobierno de Biden»; Mediterráneo Digital decidía informar «Joe Biden nombra a un trans como nuevo subsecretario de Sanidad».

Los matices del título del digital pasa por varios puntos criticables desde el punto de vista del código ético periodístico, desde el faltar al respeto al colectivo LGTBI -recordemos que el código deontológico pide profesionalidad ante los derechos de los más débiles y los discriminados- al tratar con género masculino a una persona trans que se identifica como mujer -sensibilidad ante opiniones de contenido eventualmente discriminatorio-, pasando por ignorar la profesión de Levine para ser citada solo por su condición de «trans», o por la intencionada deshumanización que supone no usar ni su nombre.


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