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El abogado del Estado ha reprochado este jueves a la familia Franco que no haya tenido en cuenta en un informe presentado a la causa los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o un intento de atentado en 2013 en La Almudena, donde quieren enterrar al dictador si acaba siendo exhumado.

El juez de lo Contencioso del Supremo y ponente de la futura sentencia, Pablo Lucas, ha escuchado los argumentos de tres expertos que han elaborado el informe pericial aportado por la familia, en el que alegan que los riesgos «se dispararían» si Franco fuese enterrado en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio -lugar elegido por el Gobierno- en lugar de en la cripta de la catedral.

Se trata de la última vista que celebra el Supremo en esta causa, en la que paralizó la exhumación prevista por el Gobierno el pasado 10 de junio hasta que dicte sentencia. El siguiente paso es que las partes presenten sus conclusiones previas a la resolución, que la familia no espera antes del verano.

Los peritos han defendido que en La Almudena, la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que podrían controlar «perfectamente».

«En el cementerio no hay nada», han dicho los expertos, para quienes allí habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque, «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque y «el tiempo de reacción» sería mayor.

Sin embargo, el abogado del Estado, dependiente del Gobierno, ha cuestionado la metodología y las fuentes de prueba del informe y ha reprochado que los peritos no hayan tenido en cuenta el intento de atentado en 2013 en la catedral de la Almudena por un grupo de anarquistas.

Para la familia Franco, dichos ataques no tienen relevancia a estos efectos dado que, en el caso de La Almudena, ocurrió en la catedral y no en la cripta, que tiene una entrada independiente.

También le ha reprochado el abogado del Estado que el informe no contemple el posible enfrentamiento entre grupos extremistas de distinto signo.

«No le hemos dado más importancia», ha dicho un expertos, que lo ha comparado con un partido de fútbol en la capital o con cualquier manifestación. «No es una zona donde pueda ir todo el mundo de golpe y tirar sillas», ha añadido.

La Policía, ha proseguido, podría «cortar los accesos» y todo «quedaría reducido a nada», y ha argumentado además que se trata de un área restringida al tráfico (ahora en fase de moratoria hasta septiembre), por lo que, a su juicio, «que haya un colapso fuera de hora es impropio», a diferencia del cementerio de El Pardo, donde el acceso es más limitado.

En declaraciones a los medios, Luis Felipe Utrera, ha señalado que el informe pericial demuestra que «los riesgos de seguridad que alega el Gobierno para evitar el deseo de la familia no son tales y son una mera excusa para intentar evitar un emplazamiento» que al Ejecutivo de Pedro Sánchez «no le satisface».

Y ha arremetido contra el Gobierno porque «no puede violar los derechos de la familia» cuando el riesgo de seguridad es mínimo en el entorno de La Almudena y porque trate de confundir lo que es la cripta, a la que se entra por calle Mayor, con la catedral, a la que se accede por Bailén y la Plaza de Armería.

Los nietos de Franco y la comunidad benedictina han pedido al Supremo que antes de dictar el fallo consulte al Tribunal Constitucional al considerar que es lo apropiado cuando la sentencia depende una norma que puede resultar inconstitucional.

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