El exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler ha aducido ante la Audiencia Nacional que siempre mantuvo al cuerpo al margen de los «compromisos y horizontes políticos» del Govern y que respetó su «total autonomía operativa», sin dictarles ninguna directriz ante el «referéndum ilegal» del 1-O.

En su escrito de defensa presentado ante la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, Soler, que afronta 11 años de cárcel por un delito de rebelión, niega las acusaciones de la Fiscalía que atribuyen a la cúpula del Departamento de Interior la supuesta pasividad de los Mossos ante el referéndum del 1-O.

El exdirector de la policía catalana alega además que acató su cese a raíz de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y esgrime ante la Audiencia Nacional una carta, redactada días antes del 27O, que remitió a los agentes del cuerpo comunicándoles que asumía las medidas aplicadas por el Gobierno.

Según argumenta Soler, durante su cargo de director de Mossos siempre fue voluntad suya y de la consellería «abstraer a los Mossos, en su condición de policía judicial», de los «compromisos y horizontes políticos del Govern de la Generalitat», lo que el propio exconseller de Interior Joaquim Forn -juzgado por rebelión en el Supremo- había trasladado al cuerpo.

Por este motivo, la defensa de Soler insiste en que este «ni tomó ni pudo tomar parte de la definición operativa» de los planes de actuación que se dictaron en los Mossos para dar cumplimiento a las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaban impedir el referéndum.

En ese sentido, recalca el procesado que «ninguna de las funciones legal o reglamentariamente adscritas al director General de la Policía de la Generalitat le habilitan para dar instrucciones al cuerpo de Mossos d’Esquadra que impliquen abstención o desobediencia a órdenes dictadas judicialmente y asumidas en tanto que policía judicial».

El procesado argumenta además que, cuando asumió el cargo en sustitución de Albert Batlle, el escenario político en Cataluña «era abierto e impreciso», puesto que el Govern planteaba un referéndum pactado o no con el Gobierno, sin que se hubiera desarrollado aún el «marco legislativo» en que se basó la consulta del 1-O.

De hecho, el escrito subraya que ya con Jordi Jané como conseller -quien fue relevado por Forn la remodelación de gobierno que Puigdemont acometió en julio de 2017-, «ya se manejó» la posibilidad de que Soler dirigiera a los Mossos d’Esquadra, cargo que él «finalmente decidió no asumir».

Tras ser nombrado director, insiste Soler, «no existió cambio de directrices en cuanto a cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos, decisiones que siguieron siendo tomadas de forma autónoma por parte de Mossos d’Esquadra».

El procesado niega también en su escrito que cualquier actuación encaminada a «dar cobertura y/o protección policial en las personas implicadas en la organización del referéndum ilegal» del 1-O, pese a que así lo solicitaron algunos como Josep Maria Jové -ex número dos de Junqueras-, porque ello no formaba parte de sus competencias.

Por su parte, el ex secretario general de Interior César Puig, que también afronta 11 años por rebelión, ha mantenido ante la Audiencia Nacional que por su cargo «no tenía capacidad alguna para dirigir operativamente» el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, dado que ello no figuraba entre sus funciones.

Según el escrito de Puig, a que ha tenido acceso Efe, en toda la causa contra él no existe «ni una sola declaración pública» ni entrevista al exsecretario sobre el 1-O, de forma que las acusaciones se sustentan en «ambiguas e imprecisas referencias».

La defensa de César Puig advierte de que la «equiparación» que hacen los escritos de acusación entre el cargo de secretario general de Interior y el de secretario de Estado de Seguridad es «totalmente improcedente».

En ese sentido, subraya que las funciones del secretario general «son las derivadas de la gestión de los recursos humanos y la adquisición de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento», sin que le compitan aquellas «inherentes al mando operativo de los cuerpos y fuerzas policiales».

En ese sentido, justifica que acudiera a la Junta de Seguridad del día 28 de septiembre de 2017, en que se trató del referéndum, en la necesidad de «destinar recursos económicos a cubrir los costes del operativo del 1 de octubre, tales, por ejemplo, como las horas extras de los agentes».

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