El expresidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, pasó el miércoles su primera noche en el calabozo después de que el miércoles fuera detenido por el plazo de diez días en el marco de la investigación que le sigue la Fiscalía por un presunto delito de lavado de activos.

Kuczynski permanece arrestado en la prefectura policial de Lima donde a finales del año pasado también estuvo la líder opositora Keiko Fujimori, a la que el exmandatario ganó las elecciones de 2016, antes de que ingresara en prisión preventiva, también imputada por un presunto lavado de activos.

En esas mismas dependencias policiales también llegó detenida en la noche del miércoles la secretaria de Kuczynski, Gloria Kisic, que es hermana de Jorge Kisic, uno de los ministros de Defensa que tuvo el exgobernante durante su mandato.

La Justicia peruana también ha ordenado la detención de José Luis Bernaola, chófer de Kuczynski, y el allanamiento de una serie de inmuebles en Lima con la finalidad de obtener pruebas.

La Fiscalía investiga si Kuczynski recibió pagos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht cuando ejercía de ministro en el Gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), quien presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos de la empresa.

La investigación se centra en determinar si Kuczynski utilizó Westfield Capital, su consultora con sede en Estados Unidos, para recibir pagos de Odebrecht por valor de 782.000 dólares bajo la apariencia de contratos legales, a cambio presuntos favores dentro de la administración pública.

El abogado de Kuczynski, César Nakazaki, aseveró este jueves a RPP Noticias que la detención de su defendido es ilegal porque, bajo su criterio, el Poder Judicial no puede mandarlo luego a prisión preventiva por su avanzada edad.

«Mi tesis es que, si está prohibido dictar prisión preventiva a una persona mayor de 65 años, con mucha mayor razón no se puede dictar detención preliminar a una persona que no está procesada penalmente y tiene 80 años», indicó.

Por el caso Odebrecht están imputados los últimos cuatro expresidentes peruanos: Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

La constructora brasileña admitió haber pagado millonarios sobornos en una docena de países de Latinoamérica a cambio de grandes contratos en obras públicas.

En Perú estos se dieron entre 2005 y 2014 y también estuvieron acompañados de donaciones irregulares para las campañas de la mayoría de los candidatos a la Presidencia de Perú, como supuestamente ocurrió con Keiko Fujimori, quien aparentemente recibió un millón de dólares.


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