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El extesorero de CDC Daniel Osàcar -condenado por las «mordidas» del caso del Palau de la Música- y el empresario Jordi Sumarroca se han negado a declarar ante el juez del caso 3%, José de la Mata, que les citó junto a los representantes de 15 empresas investigadas por el pago de comisiones a CDC.

En la jornada de este miércoles han comparecido, además de Osàcar y Sumarroca, la representante de la empresa Teyco, que también se ha acogido a su derecho a no declarar.

Solo ha accedido a responder a las preguntas de su abogado, el exresponsable de la empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer, al que ha sido complicado de localizar al haberse trasladado a Chile a trabajar, lo que llevó al juzgado a tener que cursar dos comisiones rogatorias para trasladarle la citación.

En su declaración ha negado cualquier relación con la dinámica de contrataciones de obra pública de la Generalitat y ha puntualizado que él no formaba parte de la mesa de contratación, según fuentes jurídicas presentes en la toma de declaración.

Ha asegurado desde que desde que asumió la presidencia en 2011 propició la transparencia en Infraestructuras y la creación de una oficina de análisis de las ofertas, de los que se daba cuenta al director general de Infraestructures Josep Antoni Rosell, que fue destituido del cargo tras ser imputado en la causa del 3%.

También ha defendido la labor de Pilar Matesanz, directora de contratación y finanzas en infraestructuras, cargo al que también accedió en 2011, y la ha calificado de buena profesional.

Quer ha sido citado de nuevo para el próximo 10 de julio en relación a otra investigación relacionada con el 3% relativa a contratos con empresas de ingeniería.

En esas diligencias se investiga un supuesto direccionamiento de contratos públicos de la Generalitat a favor de determinadas empresas de proyectos de ingeniería a través de Infraestructures.cat y se sospecha que algunas de estas empresas estaban vinculadas a Quer estando ya en Infraestructures.

Tras estas comparecencias, el próximo viernes será el turno de los representantes del resto de empresas imputadas como personas jurídicas por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo entre las que figuran ACS, Copisa, Urbaser, Oproler y Soler Constructora.

De la Mata, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cifra en 175 millones de euros el importe de las adjudicaciones de los proyectos investigados -un total de 28 obras- y en un millón de euros las presuntas «donaciones irregulares» pagadas por empresarios a CDC a través de sus fundaciones Catdem y Fòrum Barcelona.

Según el auto de citación, las presuntas mordidas se pagaban por adjudicaciones de distintas obras públicas, entre ellas la reforma de la plaza de les Glòries por parte de la empresa municipal Bimsa en la etapa del convergente Xavier Trias al frente del consistorio barcelonés, u obras en el puerto de Barcelona licitadas por la Autoridad Portuaria.

En opinión del juez, en unas ocasiones las comisiones eran una «contraprestación» por la adjudicación de obras públicas concretas, pero en otras «las donaciones se realizaban, de acuerdo con los jerarcas políticos del partido, para crear o mantener una buena relación» con ellos y así «ser consideradas elegibles y ser tomadas en consideración» en futuros concursos públicos.

Con ese fin, añade el magistrado, bajo el control del extesorero Andreu Viloca, también imputado en la causa, «se llevaba a cabo un control exhaustivo de las licitaciones de obra pública y servicios concursados por diferentes administraciones (todas bajo la esfera de poder de CDC), sea la propia Generalitat o ayuntamientos, diputaciones, consells u otros organismos autonómicos.

Asimismo, añade el auto, ha habido «múltiples empresarios que, sistemáticamente, se concertaron con altos cargos de CDC para alterar en perjuicio de los intereses públicos los procesos de contratación» de administraciones controladas por el partido, «a cambio de efectuar gran cantidad de pagos» a la formación.

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