A través del Protectorado de Fundaciones, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de España ha comenzado a tomar consideraciones sobre la Fundación Francisco Franco, en el plano del cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

Según ha podido confirmar Público, el Protectorado de Fundaciones “ha iniciado el estudio de las “implicaciones” de la nueva ley y sus consecuencias concretas en el caso de la FNFF, que figura inscrita legalmente como fundación desde 1977″.

De este modo, se posa la cuestión en la a normativa sobre memoria democrática que entró en vigor en octubre pasado y que pretende poner fin a que enaltezcan a sus dirigentes, “con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas”.

Frente a ello ya se han posicionado personajes como el exmilitar Juan Chicharro Ortega, quien afirma que  “es posible que se declare la extinción de dicha fundación siempre que se inste judicialmente, porque el gobierno directamente no tiene la potestad de hacerlo, y una vez agotada la vía judicial interna quedará ilegalizada a expensas de lo que pueda resultar de una reclamación ante el TEDH”.

El medio digital recuerda que en el último boletín enviado a sus socios, Chicharro Ortega identifica la Ley de Memoria como “producto del odio de quienes sólo buscan dividir y enfrentar a los españoles”, al tiempo que compara la decisión del Gobierno de resignificar el Valle de los Caídos con la destrucción de estatuas por parte de los talibanes.

“La España que se forjó en la lucha contra el Islam y que conquistó y cristianizó un nuevo mundo con la Cruz en la mano, se encuentra enferma y a merced de doctrinas totalitarias que dominan los medios y se ha adueñado de la calle”, concluye este.

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