La Fiscalía de Ciudad Real pide penas de dos años y medio de prisión para dos alcaldes y dos concejales de los municipios de Manzanares y Membrilla que permitieron vertidos al río Azuer que contaminaron el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

La Fiscalía, que ha solicitado la apertura de juicio oral, considera culpables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al actual alcalde del PP en Membrilla, Manuel Borja, y al exalcalde ‘popular’ de Manzanares (Ciudad Real), Antonio López de la Manzanara.

También pide la misma pena para los entonces concejales de Medio Ambiente de ambos municipios Trinidad Alcaide y Manuel Martín-Gaitero, respectivamente, y para otros tres administradores de industrias bodegueras ubicadas en estas dos localidades ciudadrealeñas.

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que ha tenido acceso Efe, los alcaldes y concejales de Medio Ambiente de estos Ayuntamientos, como máximos responsables de regular y controlar los vertidos que se efectuaban en sus respectivas redes de saneamiento, «permitieron y consintieron» que se produjeran vertidos industriales durante las campañas de vendimia de los años 2013 y 2014 a la redes de saneamiento municipal.

Estos vertidos, a los que no se aplicaba el pertinente pretratamiento de depuración y que por lo tanto llevaban una elevada carga contaminante que no pudo ser tratada adecuadamente en la estación depuradora de aguas, acabó afectando a la calidad del medio receptor, el río Azuer, tributario del río Guadiana, que finalmente condujo el agua contaminada hasta el Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel.

Además, la aglomeración urbana Manzanares-Membrilla estaba considerada como una zona sensible por poder afectar al cauce tributario del río Azuer y al Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, señala la Fiscalía en su escrito.

Asimismo, mantiene que los vertidos contribuyeron a la situación de «ruptura del ecosistema acuático del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, imposibilitando el normal funcionamiento de sus procesos ecológicos y de su biocenosis al producirse perjuicios a la calidad de las aguas del dominio público hidráulico».

El ministerio público entiende que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por los que pide dos años y medio de prisión a cada uno de los siete acusados.

También demanda para los políticos la inhabilitación para ejercer cargos públicos y para los empresarios, el poder ejercer actividades industriales durante dos años.

Será ahora el juzgado de Instrucción número 1 de Manzanares que lleva este caso, el que tendrá que fijar la fecha del juicio oral.