Ana Botella y su equipo vendieron en 2013 1860 viviendas, 1.797 plazas de garaje y 1.569 trasteros, más otros 89 elementos no vinculados a los fondos buitre por 128,5 millones, cuando podría haber ingresado como mínimo 151 millones, según el Tribunal de Cuentas.

La venta se produjo sin fijar con carácter previo el valor de los inmuebles a enajenar ya que lo más parecido a ello es una estimación realizada por una entidad, que además resultó ser asesora de los adjudicatarios.

A eso se sumaba que no existía una concurrencia real de eventuales compradores dada la información privilegiada que con carácter previo al acuerdo de la venta tuvieron cuatro compañías, entre ella la adjudicataria Magic Real State, que después cedió sus derechos a las compañías Fidere.

Ahora, según el auto del Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid, se prohíbe al fondo buitre Fidere vender o alquilar libremente los pisos protegidos que le vendió Botella.

Según el auto de medidas cautelares, el juez establece que solo se puede realizar cualquier operación con estas viviendas si se hace constar de manera expresa que los pisos están sometidos al “destino de una causa penal” abierta en los tribunales.

Asimismo, impone una fianza de 29 millones de euros en concepto de responsabilidad civil a los dos investigados y presuntos responsables, Fermín Oslé, exgerente de la EMVS, y Alfonso Benavides, apoderado de la entidad mercantil Fidere Vivienda. Ambos se enfrentan a los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y fraude.