El pasado 28 de febrero, la Comisión Interministerial de Retribuciones aprobó una resolución en la que proponía subidas salariales para un colectivo de casi 5.000 trabajadores que lleva 10 años de congelación salarial y de recortes, en algunos casos en países con altas tasas de inflación.

Las subidas no fueron lineales, sino que se decidieron en función de la inflación de 2018 y de los tipos de cambio de las divisas de cada país. Así, quedaron fuera los trabajadores destinados en Venezuela, Nicaragua, Colombia, Argentina, Brasil, Rusia, Israel, Kuwait, Singapur, China, Túnez e India, entre otros.

CC.OO. impugnó la resolución –otro sindicato, CSIF, amenazó con una huelga en vísperas de las elecciones generales– y ahora, según ha detallado, el Gobierno ha propuesto una subida lineal de un 1 por ciento para todos aquellos países que habían quedado bien excluidos o bien por debajo del 1 por ciento de incremento.

Sin embargo, el responsable de CC.OO. en el Servicio Exterior Osmany Llanes-Melo, ha tachado la medida de «insuficiente, inaceptable y una nueva burla». Además de advertir de que ese 1 por ciento surge «de la nada», porque no se basa ni en el IPC que se tomó como referencia para las subidas anteriores ni en otros parámetros empleados en España, ha señalado que aceptar la propuesta equivaldría a aceptar que ha habido una negociación cuando, en realidad, no la habido.

Eso, ha reconocido, desvirtuaría el argumento de la demanda de conflicto colectivo que el sindicato tiene presentada contra la Administración y que está pendiente de juicio en mayo.

Según cifras oficiales facilitadas por el Gobierno al Parlamento, a las que ha tenido acceso Europa Press, en enero de 2019 el personal laboral en el exterior ascendía a 4.922 personas, de las que más de la mitad, 3.108, dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

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