El Gobierno ha alegado ante la Junta Electoral Central (JEC) que la aprobación de los decretos-leyes «no puede considerarse una actuación sujeta al control» de ese organismo, y ni la Constitución ni la Ley Electoral le impiden dictar estas normas en periodo electoral.

En sus alegaciones a la reclamación presentada por el PP sobre su acción de Gobierno y su difusión, el Ejecutivo también ha defendido mantener las ruedas de prensa posteriores a la reunión del Consejo de Ministros -que los populares piden prohibir en periodo electoral- porque su carácter «político-informativo» es incompatible con las «campañas» que denuncian los populares.

Considera además «inconcebible» que se plantee siquiera suprimir la difusión de los acuerdos del Gobierno porque provocaría una «quiebra» del derecho de información que recoge la Constitución.

El escrito de alegaciones del Gobierno advierte además de que el PP no identifica actuaciones concretas o determinadas en su denuncia, y solo presume que en el futuro habrá una «campaña de aprobaciones» de decretos-leyes con un «claro tinte electoralista». Y se pregunta con arreglo a qué criterios podría la Junta diferenciar unos decretos electoralistas de los que no los son.