El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto por el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos que cubran los precios de producción, al tiempo que eliminará la venta a pérdidas.

EL objetivo de estas medidas urgentes son, prioritariamente, garantizar el nivel de vida, mejorar la posición negociadora y lograr el justo reparto de los costes generales del sector primario a lo largo de la cadena alimentaria.

Este real decreto busca, además, evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y consumidores).

Medidas aprobadas
Entre las principales medidas aprobadas se encuentran la prohibición de la «venta a pérdidas» y de promociones comerciales de carácter engañoso, La principal novedad es que se obligará a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto.

También se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público.

Asimismo, se prevé como novedad destacada la inclusión del coste de producción en el precio como elemento mínimo de los contratos.

En la Ley originaria se tiene en cuenta en la composición del precio, el conjunto de factores objetivos, verificables, no manipulables que deben ser expresamente establecidos en el contrato, si bien no incluye expresamente un factor que se considera esencial para determinación como es el coste de producción.

Control e inspección
Desde el Ministerio se redoblarán esfuerzos de control e inspección de la Agencia de Control Alimentario, que se reformará y a potenciará para que se respete la ley y se evite cualquier fraude que se quiera hacer contra los productores.

Las irregularidades que sean detectadas puede sufrir multas que van de los 3.000 a los 100.000 euros las graves, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros las muy graves. Esta campaña se control se verá intensificada desde el Ministerio de Trabajo, cuya titular, Yolanda Díaz, ha confirmado que se “perseguirá” a aquellos que nos “respeten la dignidad de los trabajadores”.

Mejoras en la tributación de jóvenes agricultores
La norma recoge una fiscalidad más fraccionada en los pagos de los jóvenes agricultores por las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC), que ahora podrán abonar en cuatro años, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional.

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