El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado formalmente la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos para el próximo el 10 de junio por la mañana. El Consejo de Ministros ha tomado este viernes la última decisión del arduo proceso para sacar los restos de la tumba de la basílica y llevarlos al cementerio de El Pardo, según ha anunciado la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete.
La decisión del Gobierno supone que la exhumación del dictador, una de las propuestas estrella del presidente anunciada al inicio de su corto mandato, se llevará a cabo un mes y medio después de las elecciones generales y también pasadas las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. Esa ha sido una de las razones que ha pesado en la lejanía de la fecha escogida, para la que aún quedan tres meses, según ha reconocido Calvo.
La vicepresidenta se ha mostrado convencida, no obstante, de que la decisión se tendrá que acatar aunque haya un inquilino nuevo en la Moncloa tras los comicios. «Esta decisión mientras sea legal la tiene que cumplir cualquier Gobierno», ha zanjado. Lo previsible es que en esa fecha el Ejecutivo de Sánchez seguirá en funciones.
En el proceso de exhumación, traslado y reinhumación del cadáver podrán estar presentes los familiares del dictador, tal y como estableció el Gobierno en el acuerdo de exhumación, aprobado hace un mes. «Contemplamos que puedan tener una íntima ceremonia, no habrá ni imágenes, ni convocatoria pública», ha expresado la vicepresidenta, que ha recordado que en Mingorrubio está enterrada la esposa del dictador Carmen Polo.
El Ejecutivo le dio entonces a la familia un plazo de 15 días hábiles para que notificara un lugar para la reinhumación distinto a la cripta de la Almudena, que era su pretensión inicial, pero que a juicio del Ejecutivo es inviable por cuestiones de seguridad y orden público. Calvo ha asegurado que los familiares insisten en un lugar «improcedente».
Los nietos de Franco han puesto numerosas trabas a Sánchez en su plan para cumplir con el mandato del Congreso para sacar al dictador del Valle de los Caídos, propiedad de Patrimonio Nacional. Uno de los principales escollos ha sido su negativa a hacerse cargo de los restos si el Gobierno ejecutaba la exhumación y el empeño en llevarlos a la cripta de la Almudena en caso de que finalmente se llevaba a cabo. El Gobierno intentó negociar con los familiares hasta finales de febrero, pero mantuvieron su negativa a colaborar e insistieron en la vía judicial.
Los nietos de Franco han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo –también lo hará la Abadía del Valle de los Caídos– en contra de la exhumación y reclamarán al alto tribunal su paralización. El Gobierno asume que solo ese organismo judicial puede frenar su intención de sacar los restos de la basílica.
Sin embargo, el Ejecutivo rechaza que la suspensión de la licencia de obra para llevar a cabo la exhumación afecte a su plan. No obstante, ha pedido apartar al juez José Yusty Bastarreche de esa causa por «falta de imparcialidad». Ese magistrado aceptó una de las decenas de demandas que han llegado a distintos juzgados en contra de la autorización de la obra y que fueron rechazadas por otros jueces. Yusty Bastarreche, que se ha pronunciado públicamente contra la ley de memoria histórica, asumió los argumentos de un informe en el que se basaban las demandas y que fue encargado por la Fundación Francisco Franco.
