La Junta de Andalucía realizaba el pasado diciembre un documento en el que se procedía a la clausura de las emisoras sin título habilitante de COPE, después de que el periodista José Antonio Abellán destapara una presunta «trama corrupta» y denunciaba que estas frecuencias no tenían la autorización para emitir, vulnerando así la Ley General de Telecomunicaciones.

En el documento se ponía en el candelero cinco emisoras, cuyo cierre supondría un auténtico varapalo para COPE, que no solo perdería la quinta parte de toda su audiencia a nivel nacional, sino que su comunicador estrella, Carlos Herrera, dejaría de escucharse en gran medida en su propia tierra. Pero lo cierto es que estas emisoras han vuelto a emitir y se pueden escuchar en sus respectivas frecuencias.

Tal y como pudo comprobar ElPlural.com, al margen de las emisoras que la Junta de Andalucía se comprometió a cerrar: Cope+ Granada, Cope+ Málaga, Cope+ Córdoba, Rock FM Córdoba y Rock FM Marbella, el listado de emisoras que operan de forma presuntamente ilegal, sin título habilitante y desde frecuencias que no existen es más alargado: Cadena 100 Almería, Rock FM Almería, COPE Almanzora, COPE Córdoba, Rock FM Córdoba, COPE + Córdoba, COPE + Granada, Cadena 100 Huelva, COPE Málaga, Megastar FM Málaga, Rock FM Málaga, Rock FM Marbella, COPE Marbella, Rock FM Axarquía, Cadena 100 Écija y COPE + Sevilla.

Este jueves el parlamento de Andalucía, aprovechando la crisis del coronavirus, ha dado luz verde al Decreto Ley 2/20 de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía sin rendir cuentas a todos los colectivos, sindicatos y oenegés que pedían la paralización de dicho decreto para no romper el consenso alcanzado en la Ley Audiovisual de 2018 y dejar “tocado de muerte” al sector audiovisual.

«Lejos de proteger el espacio radioeléctrico, se permite a las empresas anunciarse en emisoras ilegales e incluso permite emitir campañas institucionales derivadas por agencias de publicidad sin que sean sancionadas”. Una norma que “garantiza impunidad a las emisiones piratas que merman la capacidad de ingresos por publicidad de las emisoras legales”, sostienen, en clara referencia a las emisoras sin título habilitante de la cadena COPE que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se comprometió a cerrar en diciembre de 2019.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) y otras 13 organizaciones sociales, académicas y profesionales han demostrado su enfado a través de un comunicado y alertan “sobre la desregulación en un sector que provocará más privatizaciones, competencia desleal, intrusismo laboral y carta blanca a las emisiones piratas y menos pluralidad informativa”, además de tener un impacto negativo en el empleo de un sector audiovisual andaluz que queda “tocado de muerte”.

También tanto PSOE como Adelante Andalucía señalan que este «momento de excepcionalidad no es el más idóneo» para aprobar una norma que modifica 21 leyes y seis decretos.

José Antonio Abellán, ex director de Deportes de COPE despedido tras 17 años en la cadena y el primero que denunció que estas frecuencias no tenían la autorización para emitir, colgaba en Twitter el siguiente mensaje en el que es notorio su enfado: “La Conferencia Episcopal ha convencido a Elías Bendodo, capo del PP andaluz, que en medio de la crisis que vivimos perdone a COPE 400 millones de euros y le regale cientos de emisoras. Supongo que a cambio de un buen paquete de dinero negro de la caja de Unicaja Banco de Adolfo Arjona».

Fuentes: ElPlural.com