El Gobierno de Bolsonaro logra anular la medida que impedía celebrar el golpe de Estado de 1964

El Gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, logró anular en la Justicia una cautelar que impedía conmemorar este domingo los 55 años del golpe de Estado de 1964, que abrió paso a una régimen militar que se prolongó durante 21 años.

La conmemoración de esa fecha había sido prohibida el viernes por un tribunal de Brasilia pero, este sábado, la Abogacía General, que representa al Estado ante la Justicia, informó de que otro juzgado anuló esa decisión, que había sido tomada en forma cautelar.

El asunto ha desatado este año una polémica particular, pues es la primera vez, desde que el país recuperó la democracia, en 1985, que la fecha se recuerda con un militar en el poder .

Bolsonaro es capitán de la reserva del Ejército y desde que está en la vida política enaltece la época de gobiernos militares, sobre la cual niega que haya sido una dictadura, pese a que en ese período no hubo elecciones, unas 400 personas murieron o desaparecieron y miles fueron perseguidas, torturadas o forzadas al exilio.

Esta semana, el portavoz de la Presidencia, general Otavio Rego Barros, declaró que Bolsonaro había ordenado «las conmemoraciones debidas en relación al 31 de marzo de 1964», aunque el propio jefe de Estado alteró luego el verbo y dijo que se trataba de «rememorar» y no «conmemorar».

Los actos en las Fuerzas Armadas empezaron de hecho este viernes, cuando en varios cuarteles fue leído un documento que no califica al derrocamiento del entonces presidente Joao Goulart como golpe ni al período que se inició con esa acción de dictadura, en línea con la idea que defiende Bolsonaro.

Según ese documento, distribuido por el Ministerio de Defensa, «el 31 de marzo estaba incluido en el ambiente de la Guerra Fría» y las Fuerzas Armadas, «atendiendo el clamor de la amplia mayoría de la población y de la prensa, asumieron un papel de estabilización» en medio de una «convulsionada» coyuntura política.

Esa visión motivó protestas de la Fiscalía General y de grupos de defensa de los derechos humanos, y llevó al influyente Colegio de Abogados de Brasil a presentar una demanda contra el Gobierno ante organismos de las Naciones Unidas.

Según los abogados, que presentaron la demanda junto al Instituto Vladimir Herzog, «se espera que las Naciones Unidas se manifiesten públicamente sobre la importancia del derecho a la memoria y a la verdad» y «sobre la necesidad de mantener vivo el recuerdo de las atrocidades cometidas durante el régimen militar».