El Gobierno de Nicolás Maduro señaló este viernes que la Alta Representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, muestra un sesgo en sus declaraciones sobre Venezuela que propician el conflicto en medio de la crisis que vive el país caribeño.

«La parcialidad de (Mogherini) pone en entredicho su fiabilidad en la búsqueda de un proceso pacífico de diálogo en Venezuela, evidenciando un sesgo propio de quienes propician un conflicto y no el entendimiento necesario», dice un comunicado de la cancillería venezolana.

El escrito oficial expresa el «firme rechazo» a la declaración de la diplomática europea ofrecida ayer en la que cuestionó la inhabilitación impuesta por la Contraloría venezolana al líder opositor, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unas 60 naciones.

La diplomacia chavista asegura que la decisión de la Contraloría se inscribe en la «prevención de delitos de legitimación de capitales y financiación al terrorismo», y «hace un llamado a las instituciones de la UE para que adopten una posición de equilibrio constructivo».

En otro comunicado, la Cancillería venezolana rechaza los términos de la declaración emitida por el Grupo Internacional de Contacto (GIC), conformado por 16 países americanos y europeos que buscan mediar en la crisis de Venezuela, que celebró ayer una reunión en Quito.

El GIC «ha tomado la temeraria decisión de inmiscuirse en asuntos propios del funcionamiento del Estado venezolano», dice Caracas ante las propuestas de observancia electoral y una Hoja de Ruta para posibilitar la convocatoria de elecciones en el país caribeño hechas por estos países.

El Ejecutivo de Maduro exige a los miembros del Grupo «el respeto a las instituciones y el ordenamiento jurídico» interno y les «exhorta a no extralimitarse en sus funciones preservando así su capacidad para brindar un eventual aporte a un entendimiento verdadero entre actores políticos venezolanos».

La declaración de los 16 países, con excepción de Bolivia, también condena la inhabilitación de Guaidó, que es jefe del Parlamento venezolano y, por la sanción, no podrá aspirar a cargos políticos durante 15 años.

Por ello, la llamada revolución bolivariana le pide al Grupo evitar «los inaceptables sesgos demostrados en su declaración» que, considera, «pretende propiciar conflictos más que entendimiento» y da un «tratamiento parcializado y ofensivo» a la situación en Venezuela.