El Gobierno de Nicolás Maduro prorrogó este lunes otras 24 horas la suspensión de actividades laborales y escolares que entró en vigor el domingo tras el apagón que afecta aún a gran parte del territorio desde el pasado jueves y que se acerca a las 100 horas continuas.

«El presidente Nicolás Maduro ha decidido extender por 24 horas más la suspensión de actividades laborales y la suspensión de clases en todos los niveles de educación», dijo el ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, a la televisión estatal VTV.

La medida se anunció el domingo para apoyar en la restitución del servicio eléctrico, dijo entonces la Administración chavista.

Efe ha podido constatar que para trabajadores y estudiantes sería muy cuesta arriba cumplir sus compromisos en vista del colapso del transporte público terrestre y de la suspensión del servicio del Metro, que ocurre desde el jueves.

Rodríguez también dijo que se ha restituido «de manera muy amplia» el servicio en todo el país, pese a que según algunos informes la mayoría de las regiones permanecen a oscuras.

Además, pidió a los venezolanos «apoyar» los esfuerzos por restituir el servicio aplicando las medidas de ahorro energético que en múltiples ocasiones ha ordenado el Gobierno chavista para hacer frente a las constantes caídas del servicio.

«Colocar los aparatos de aire acondicionado a 22 ó 23 grados, que no se mantengan encendidos las bombillas de las habitaciones que están desocupadas, que no se mantengan enchufados los aparatos», agregó.

La mayor parte de Venezuela se mantiene a oscuras desde hace 4 días, cuando se produjo un fallo en la central hidroeléctrica de Guri, que abastece a cerca del 70 % del país.

El Gobierno venezolano dijo entonces que un «ataque cibernético» disparó la caída del servicio, pero expertos y opositores apuntan a la ineptitud y desinversión como las principales causas del apagón.

Los cortes eléctricos son frecuentes en Venezuela desde 2009, pero se han acentuado los últimos años cuando el país entró en una crisis económica que el Gobierno achaca a una «guerra» contra su Administración.


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