El Gobierno de Nicaragua anunció este martes que cumplirá con los acuerdos firmados en marzo pasado con la oposición solamente «de conformidad con la Constitución y las leyes» locales, en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos.

En una nota de prensa, el Gobierno reiteró «a las familias nicaragüenses y a la comunidad internacional, que cada uno de los puntos consensuados y por consensuar, así como los mecanismos de implementación, se consideran, discuten y suscriben, de conformidad con la Constitución y las leyes de nuestro país».

El Gobierno nicaragüense anunció su condición un día después de haber roto el consenso alcanzado previamente con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, sobre las fechas de liberación de los «presos políticos», un compromiso adquirido por el Ejecutivo el 29 de marzo pasado, y que hasta ahora no ha cumplido, según la oposición.

La nueva propuesta del Gobierno de Daniel Ortega tiene como característica que «los puntos consensuados» con la Alianza, como son la liberación de los «presos políticos», así como permitir la libertad de expresión y prensa, obligan al Estado a cumplir con la Constitución de Nicaragua.

De la misma manera, los puntos «por consensuar», en este caso el retorno a la democracia y justicia para las víctimas de la crisis, exigen el cumplimiento de la Constitución nicaragüense, según los opositores.

La Organización de los Estados Americanos ya ha advertido que el Gobierno nicaragüense ha roto el orden constitucional, por lo cual mantiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, que de ejecutarse sacaría al país del órgano continental.

El Gobierno confirmó su participación en la mesa de negociaciones, a la que ha sido citado junto con la Alianza por los «testigos y acompañantes», para intentar retomar, por segundo día consecutivo, las discusiones que habían concluido el 3 de abril.

Los «testigos y acompañantes» son el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el representante de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Ángel Rosadilla, quienes han propuesto un plan para que el Gobierno nicaragüense cumpla con los acuerdos.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

En medio de la crisis unas 809 personas permanecen capturadas como «presos políticos», que la oposición llama «rehenes», y que Ortega, quien reconoce 468, califica de «terroristas», «golpistas» o «delincuentes comunes».

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de «lesa humanidad».

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