Uno de los delegados del Gobierno de Nicaragua en la mesa de negociación, con la que se espera superar la crisis que estalló hace un año, reveló este martes que han pedido a su contraparte hacer un llamado a la comunidad internacional a suspender las sanciones contra el país, sin éxito.

«Ellos (opositora Alianza Cívica) se niegan rotundamente a aceptar que firmemos o hagamos un comunicado donde pidamos que se suspendan las sanciones a Nicaragua», dijo a periodistas el diputado Wilfredo Navarro, uno de los negociadores del Ejecutivo.

El legislador consideró que las sanciones no son contra el Gobierno de Daniel Ortega, sino que «son sanciones que están afectando al pueblo de Nicaragua».

Hace dos semanas, Estados Unidos anunció nuevas sanciones al Banco Corporativo (BanCorp) de Nicaragua y a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, según informó entonces el asesor presidencial John Bolton, quien aseguró que irían «por los bolsillos de la familia de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense».

El 20 de diciembre pasado el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó la «Nica Act» que impone sanciones individuales a miembros del Gobierno de Ortega, además de limitar el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales, como los del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

En noviembre, Washington anunció sanciones por la «represión» en Nicaragua contra la vicepresidenta Murillo, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega.

El 5 de julio, Estados Unidos sancionó por su participación en la violencia en Nicaragua al jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, consuegro de Ortega y Murillo; así como al vicepresidente de la petrolera Albanisa, Francisco López; y a Fidel Moreno Briones, secretario general de la Alcaldía de Managua y que ha actuado como «líder» de la Juventud Sandinista.

En tanto, la Unión Europea (UE) también ha considerado aplicar sanciones individuales a funcionarios nicaragüenses, pero también se han mostrado dispuestos a tomar medidas para favorecer una solución «pacífica y negociada» a la crisis.

Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

A juicio de la Alianza Cívica, las últimas sanciones, contra Bancorp y uno de los hijos del mandatario, «son solo una reacción ante la represión y los reiterados incumplimientos» del Gobierno en la mesa de negociación y que evitarlas «está en las manos de quienes deben liberar a los presos políticos y liberar de su represión a Nicaragua».

Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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