El Gobierno de Nicaragua pide «seriedad y responsabilidad» a la alianza opositora

El Gobierno de Nicaragua exigió este lunes «seriedad y responsabilidad» a la opositora Alianza Cívica con la que mantienen unas negociaciones para superar la crisis que estalló hace casi un año y que ha dejado cientos de muertos, detenidos y miles en el exilio.

En un comunicado, la delegación que representa al Gobierno de Daniel Ortega ante la mesa de conversaciones tildó de «inconcebible, contradictoria e insólita» la actitud de miembros de la Alianza Cívica que el sábado pasado «formaron parte de una provocación y alteración del orden público y de la seguridad de las familias nicaragüenses».

«La delegación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional espera de la contraparte seriedad y responsabilidad, que muestre el compromiso sincero de conversar y consensuar acuerdos positivos para Nicaragua», señaló el Ejecutivo en la nota leída ante los medios por el canciller Denis Moncada.

Este comunicado gubernamental fue difundido mientras las representaciones de Ortega y de la Alianza opositora mantenían este lunes una nueva reunión en el marco de las negociaciones que instalaron el pasado 27 de febrero.

Los opositores a Ortega intentaban manifestarse el sábado en Managua para pedir la liberación de cientos de «presos políticos», aunque las fuerzas policiales habían prohibido la protesta porque constituían «la continuidad de provocaciones y crímenes terroristas y golpistas, que sembraron en Nicaragua luto, aflicción, dolor, y han dejado tantas pérdidas de vidas, de bienes públicos y privados, y graves afectaciones a la economía nacional».

La Policía Nacional detuvo temporalmente al menos a 107 personas que intentaban protestar, según datos de esa institución, o 164 de acuerdo con el movimiento que convocó a una marcha, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que además reportó seis heridos a causa de los disparos realizados por los agentes.

También se denunciaron agresiones de oficiales a periodistas y su irrupción a centros de comercio privados para capturar a los manifestantes, así como el asedio por varias horas en los edificios a los que no pudieron arrestar.

Por otro lado, el canciller nicaragüense afirmó que es «falso» el dato de que existen «más de 700 presos» opositores, como sostiene la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

«El Sistema Penitenciario (Nacional) dará a conocer los datos objetivos sobre los presos», anunció Moncada.

Al menos 762 personas permanecen con algún tipo de régimen carcelario en Nicaragua tras participar en protestas antigubernamentales, según el Comité Pro Liberación de Presas y Presos Políticos y la Alianza Cívica.

El Gobierno de Ortega reconoce 340 detenidos por su participación en el «fallido intento de golpe de Estado», como el Ejecutivo tilda las protestas callejeras que comenzaron en abril de 2018, y los llama «terroristas», «golpistas» y «delincuentes comunes».

Nicaragua vive una crisis que en 11 meses ha dejado 325 muertos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan la cifra a 561, mientras que Ortega solo reconoce 199.

Un grupo de expertos internacionales, tutelados por la CIDH, han insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad», mientras que la aplicación de la Carta Democrática Interamericana está en proceso en la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo que podría culminar con la suspensión del país centroamericano del organismo continental.