Al menos 232 “presos políticos” deberían recuperar su libertad en Nicaragua en cualquier momento, pero el Gobierno no ha tomado la decisión pese a que se han cumplido las condiciones para dejarlos ir, informó este martes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

“Esperamos que esas 232 personas puedan salir lo más pronto posible, el Comité Internacional de la Cruz Roja está listo, a la expectativa, esperando que el Gobierno lo haga (dé la orden)”, dijo el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y miembro de la Alianza, José Adán Aguerri.

El mes pasado el Gobierno de Nicaragua se comprometió a liberar a todos los denominados “presos políticos” con base en la lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -unos 809- en un plazo de 90 días, que se cumplirán el 18 de junio próximo.

Desde su compromiso, el Gobierno ha excarcelado a 50, mientras que otros 168 fueron enviados a sus casas entre el 27 de febrero y la primera semana de abril.

La Alianza, que negocia con el Gobierno una salida pacífica a la crisis, sostiene que la excarcelación no es suficiente, pues lo que demanda es la libertad absoluta de los “presos políticos”, ya que, según las leyes de Nicaragua, no es delito protestar contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Aguerri insistió en que, si bien el Gobierno de Nicaragua se ha negado a cumplir los acuerdos internos, debería ejecutar su compromiso con una institución global, como es el Comité Internacional de Cruz Roja.

“Esperaría que, si existe ese compromiso que firmó el Gobierno ante las autoridades internacionales de la Cruz Roja, si hay gente lista de parte de ellos (para apoyar), que cumpla”, sostuvo el opositor.

El representante empresarial confirmó que la lista de “presos políticos” de la Alianza, establecida en 809, no coincide con la del Gobierno, que aparentemente no llega a 600.

Los 232 “presos políticos” listos para ser liberados aparecen en ambas listas y cumplen con todos los requerimientos técnicos para salir de prisión, pese a que nunca debieron ser detenidos, según la Alianza.

El Gobierno de Nicaragua califica a los “presos políticos” como “terroristas”, “golpistas” o “delincuentes comunes”.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado 325 muertos desde abril de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las víctimas mortales, y el Ejecutivo reconoce 199.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de “lesa humanidad”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.

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