El Gobierno de Nicaragua reclamó este miércoles, por tercer día consecutivo, la presencia de la oposición en la mesa de negociación para superar la crisis que estalló hace casi un año en el país, aunque sin referirse a la liberación de más de 700 “presos políticos”, una de las condiciones que ha puesto su contraparte para presentarse.

El “Gobierno (…) ha cumplido hoy miércoles 13 de marzo con su responsabilidad de presentarse, según lo acordado en la hoja de ruta suscrita el 5 de marzo”, indicó un comunicado del Ejecutivo, representado en este proceso por una delegación encabezada por el canciller, Denis Moncada.

La mesa de negociación fue instalada el pasado 27 de febrero tras un primer intento fallido de diálogo en mayo de 2018, y el domingo anterior la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia anunció su retiro de la misma hasta tanto sean liberados los “presos políticos” y cese la represión.

La alianza opositora tomó esa decisión dos días después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se apartara del proceso de negociación, al que había sido invitada en calidad de testigo y acompañante.

El comunicado del Gobierno de este miércoles no hizo referencia a las demandas de “buena voluntad” emitidas el domingo por la Alianza Cívica, entre ellas la plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los “presos políticos”, para evitar que estos sigan recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la pronta asistencia médica de los detenidos.

Los delegados del Gobierno insistieron en que “estamos aquí esperando que la contraparte también se presente, en cumplimiento de lo consensuado y firmado”,

“Reiteramos el compromiso invariable de continuar trabajando según la hoja de ruta”, informó la delegación, en un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Organismos humanitarios además reportan de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

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