La reconstrucción del país tras el impacto de la pandemia es urgente y debe comenzar ya y para ello, lo primero debe ser controlar sanitariamente la situación ya que sin recuperación sanitaria ni habrá, ni podrá haber, reactivación económica.

Una vez garantizado lo anterior, es necesario construir un nuevo país, más social, más igualitario, más productivo y más verde: Un País con futuro tal y como sostiene el documento de UGT y CCOO presentado a la Comisión del Congreso para la Reconstrucción del país y que contiene una estrategia para reparar los daños causados por esta enfermedad, pero también para solventar las deficiencias productivas, económicas y sociales que arrastra España desde hace décadas.

Todas las políticas que sustenten esa salida de la crisis deberán plasmarse en unos PGE para 2021 que les den la necesaria cobertura financiera por lo que las cuentas del próximo año deben sustentar una política marcadamente expansiva, en la que el sector público tenga un papel central para impulsar la economía y recomponer el bienestar social.

Es preciso diseñar unos Presupuestos que sirvan para relanzar la economía y el empleo y sostener la calidad de vida de las personas, en especial de las más desfavorecidas, que han sufrido con especial virulencia y de manera sucesiva la crisis de 2008, las políticas de austeridad extrema y la crisis actual y todo ello requiere ambiciosas reformas que deben ser objeto de diálogo social, por lo que el Gobierno debería abrir las mesas de negociación cuanto antes. En ese sentido, UGT apela a la responsabilidad del Gobierno y todos los grupos políticos para que apoyen unos Presupuestos a la altura del reto que afrontamos.

Lograr más recursos y de manera más justa

La reconstrucción social y económica de nuestro país pasa por recaudar más y de manera más justa. No bastará con los recursos adicionales provenientes de Europa y tampoco podemos recurrir a un aumento de la deuda pública excesivo (que en todo caso se va a producir). Si España no supera el déficit de recaudación fiscal que mantiene con la media de la zona euro (6,3 puntos porcentuales del PIB), y en especial con los países más avanzados (con Francia, por ejemplo, de 9 puntos de PIB) no será posible afrontar los enormes gastos que implicará la salida de la crisis. Esto supone una merma anual de casi 80.000 millones de euros, que se necesitarán para impulsar la economía y el empleo y para elevar el nivel de protección de las personas, en especial de los más vulnerables.

Esta circunstancia obliga a desarrollar una reforma fiscal integral, que afecte a la mayoría de figuras del sistema, y sirva para incrementar los recursos provenientes de impuestos y cotizaciones, y para mejorar la justicia de las aportaciones.

La negociación de esta reforma fiscal debería iniciarse con urgencia a través del diálogo social, puesto que muchas de sus medidas deberían incluirse ya en los PGE de 2021, y para UGT, debería incluir el establecimiento de un tipo mínimo del 15% sobre los beneficios contables en el Impuesto sobre Sociedades, el aumento de tipos de la tarifa del IRPF para los niveles más elevados de renta, la eliminación de beneficios fiscales o deducciones regresivas, la eliminación de los regímenes fiscales de empresas que solo sirven para eludir el pago justo de impuestos (SICAV, SOCIMI), el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria sobre la riqueza (con impuestos sobre el Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones), o el reforzamiento de la lucha contra el fraude (con más recursos y elevando las penas y sanciones).

Fortalecer la industria y reforzar producciones estratégicas

Los PGE de 2021 deben contener políticas que permitan impulsar la actividad y el necesario cambio de modelo productivo favoreciendo actividades y sectores que generen valor añadido y empleo de calidad. Es preciso reorientar el sistema de ayudas e incentivos hacia las actividades que contribuyen a construir una economía más resistente y sostenible, y que producen mayor riqueza colectiva. No basta con salir de la crisis, sino que debemos salir más fuertes.

El cambio de modelo productivo debe traducirse en una mejora de procesos en todas las ramas de actividad, haciendo que cada unidad de producción sea más eficiente y aporte mayor valor al PIB. Para ello, es fundamental un Plan Estratégico por la Industria destinado a que este sector, que es el que aporta una mayor resistencia productiva y posee un enorme efecto tractor sobre el resto, llegue a suponer el 20% del PIB, en lugar del 14% actual. Ello debe ir de la mano de la adopción de medidas para impulsar la transición ecológica, la I+D+i y transformación digital, palancas transversales que deben orientar las inversiones para la reactivación.

Además, es preciso proteger y reforzar los sectores estratégicos, productos y servicios sanitarios, producción alimentaria, distribución, transporte o energía, – sector en el que es imprescindible avanzar en la transición ecológica (energías renovables, eficiencia energética, transporte público…), construyendo una nueva realidad energética ajustada a nuestras necesidades, respetuosa con el entorno y que no deje a nadie atrás. También hay que fortalecer ventajas competitivas como el caso del turismo, que representa casi el 15% del PIB, genera cerca de 3 millones de empleos y aporta 92.000 millones de euros al año, impulsando un cambio estratégico que incentive la sostenibilidad de su modelo en su triple dimensión: económica, social y medioambiental.

Generar empleo de calidad

Sin crecimiento económico no habrá creación de empleo, pero sin el mantenimiento y la generación de empleo de calidad tampoco habrá crecimiento económico. La erosión de la base de nuestro empleo durante esta crisis es a su vez efecto y causa de la paralización económica, en la medida que ha generado una pérdida de rentas y un miedo al futuro que amenaza con contraer la demanda de manera persistente. Por ello, las medidas que se adopten durante la reactivación deben hacer especial hincapié en la generación de un empleo estable y de calidad, lo que debe traducirse en políticas efectivas y recursos suficientes en este ámbito en los próximos PGE.

Nada de esto se podrá realizar sin cambios normativos que incentiven ese empleo de calidad, lo que pasa por la derogación de las últimas reformas laborales, en especial la de 2012. Las dificultades de la actual salida de la crisis no pueden utilizarse en ningún caso como excusa para paralizar unos cambios que resultan imprescindibles y sin los cuales no será posible la recuperación plena. En este sentido, el Gobierno debe iniciar de inmediato la apertura de las mesas precisas que den contenido a la negociación de la retirada de las reformas laborales y su sustitución por una normativa equilibrada, eficiente y justa.

Por otro lado, es preciso también que los PGE contengan políticas activas de empleo adecuadas, ahora más necesarias que nunca, que permitan recolocar a los millones de personas que han perdido su empleo o que se encuentran en situación de permanente inestabilidad.

Fortalecer el estado de bienestar

Por último, es preciso que los PGE den cobertura al reforzamiento de todas las políticas que componen el estado de bienestar, tan debilitado por los recortes. Resulta imprescindible revisar el entramado de la protección por desempleo, para evitar que el impacto de nuevas crisis arroje a la pobreza a cientos de miles de familias que dependen de empleos cada vez más precarios pero además, es necesario mejorar el Ingreso Mínimo Vital para hacer de él una verdadera renta de último recurso para quienes no pueden acceder a un empleo.

Es fundamental complementarlo y modificarlo en consonancia con lo planteado por las organizaciones sindicales en su propuesta de Prestación de Ingresos Mínimos, paralizada en el Congreso por los grupos de la derecha desde hace años. Todo ello acompañado de un redimensionamiento del conjunto de políticas sociales para que beneficien a aquellos que se encuentran en verdaderas dificultades, y en especial, para erradicar la pobreza infantil en nuestro país.

Los PGE deben garantizar el nivel de vida de las personas mayores, lo que pasa por realizar una auditoría sobre lo sucedido en las residencias, -que debería concluir con un replanteamiento total del sector, aumentando la presencia pública y extendiendo la cobertura e intensidad de los cuidados- y por derogar definitivamente la reforma de 2013, implementando un criterio de revalorización de las pensiones que en ningún caso sea inferior al IPC de cada año y eliminando el factor de sostenibilidad.