En la actualidad se está negociando entre el Consejo y el Parlamento Europeo la segunda revisión de la Directiva 2004/37/CE de agentes cancerígenos o mutágenos en el trabajo.

Una de las claves de la negociación gira en torno a la clasificación como cancerígenas de las emisiones de escape de motores diésel y la fijación de un límite de exposición profesional obligatorio de de 0,05 mg/m³, medido como carbono elemental, para el que se establecerían periodos de transición para las actividades en túneles y garajes. Esta propuesta nace de la posición defendida por la Confederación Europea de Sindicatos y fue aprobada como enmienda por el Parlamento Europeo durante la tramitación de la revisión de la Directiva.

La clasificación de esta sustancia como cancerígena y el establecimiento de un límite de exposición profesional obligatorio evitaría la muerte de al menos 230.000 trabajadoras y trabajadores europeos en los próximos 60 años.

Ya hay apoyos importantes, como los de Alemania, Francia o Bélgica, pero faltan algunos Estados para lograrla en el Consejo de Europa, por lo que el voto de España el próximo 28 de junio puede resultar decisivo.

Los humos diésel están clasificados desde 2012 por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) como cancerígeno tipo 1 (cancerígeno en humanos probado), pero no por la legislación europea. La exposición ocupacional a las DEEE puede ocurrir en múltiples sectores y se estima que entre 8 y 19 millones de personas están expuestas en sus trabajos en Europa.

Según la evaluación de impacto de la Comisión Europea, la implantación de un valor límite de 0,05 mg/m³ evitaría 230.000 muertes en los próximos 60 años. A pesar de ser una cifra espectacular, este cálculo está muy subestimado ya que se basa exclusivamente únicamente en las muertes causadas por el cáncer de pulmón. Si se tuvieran en cuenta otras patologías asociadas a las exposiciones a DEEE, como las respiratorias no cancerosas y las cardiovasculares, el número de muertes evitables sería probablemente mucho mayor.

El Gobierno de España debe hacer suya la propuesta y pública su decisión para contribuir que salga adelante en la votación del 28 de junio.

La revisión de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos es un proceso que se va a dilatar hasta 2020 y que va a contar con 4 comunicaciones de la Comisión Europea que se tramitarán en el Parlamento Europeo y que posteriormente se negociarán entre Parlamento, Comisión y Consejo de Europa. La primera de las comunicaciones ya se ha formulado como Directiva y está pendiente de trasposición al ordenamiento español. Las segunda y tercera comunicaciones ya están en trámite y falta por conocer el contenido de la cuarta. Por el momento las propuestas de la Comisión se centran prioritariamente en el establecimiento de límites de exposición profesional obligatorios, pero quedan pendientes cuestiones como la ampliación del ámbito de la Directiva a las sustancias tóxicas para la reproducción, el reconocimiento efectivo a una vigilancia de la salud postocupacional, la utilización de criterios transparentes y basados en la salud para fijar valores límite o la introducción de una perspectiva de género.
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