El Gobierno del Partido Popular gastó 500.000 euros de dinero público para protegerse del caso de su caja B, según ha publicado la Cadena SER en una exclusiva. La cadena ha podido acceder a una información todavía clasificada como secreta por el Ejecutivo.

Según indica la SER, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz destinó ese medio millón de euros entre 2013 y 2015 a la operación Kitchen, en la que el comisario Villarejo y el resto de la policía política, supuestamente espiaron a Bárcenas e intentaron recuperar y destruir pruebas que comprometieran a dirigentes de la formación conservadora.

El dinero fue empleado para sobornar al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, en los dispositivos necesarios para colocar cámaras espía y micrófonos en el domicilio de la madrileña calle General Díaz Porlier, donde el extesorero guardaba documentación del caso, y en los seguimientos a la familia y hasta a la empleada del hogar.

Los investigadores sostienen que con ese dinero también se pagó al falso cura que secuestró a punta de pistola a la esposa y al hijo de Bárcenas, para conseguir pruebas de la caja B. Toda una mafia.

La documentación también corrobora que el número 2 de Interior, el secretario de Estado de Seguridad imputado en la causa, Francisco Martínez, fue quien aprobó la disposición de los fondos para llevar a cabo la operación.

La ley 11/1995 que regula estos fondos es muy clara. Dice que deben estar dotados de un «especial sistema de justificación y control» y que solo pueden ser destinados a la «defensa y seguridad del Estado», algo que no ocurrió.

El ministro debe informar al presidente y al Congreso sobre el uso de los fondos reservados
Además, la ley deja claro que el ministro debe informar «periódicamente» al presidente del Gobierno sobre el uso de estos fondos, y «semestralmente» a la comisión del Congreso sobre secretos oficiales.