Rebelión y Sororidad

Las empresas deben disponer de protocolos sobre acoso sexual y canalizar las denuncias o reclamaciones de las víctimas, según el artículo 48 de la Ley de Igualdad. Sin embargo, el Gobierno desconoce cuántas disponen de estos procedimientos y no existe un control al respecto, e incluso reconoce que desconoce cuántas empresas de más de 250 trabajadores tenían planes de Igualdad a pesar de estar fijado por ley.

El Gobierno indica que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social planifica campañas anuales que, al margen de las denuncias interpuestas, “tienen en cuenta especialmente” el cumplimiento de las medidas previstas en la ley.

Solo el 25% de las compañías cuenta con un plan de Igualdad y un 35%, con un Protocolo de Acoso pese a ser obligatorio, según recoge el informe Protocolos Laborales: radiografía de su implantación en España.

Entre 2008 y 2015, más de 2.000 mujeres afirmaron haber sufrido este tipo de violencia en su puesto de trabajo según datos de la Inspección de Trabajo. Los sindicatos advierten de que muchas víctimas evitan denunciar por miedo a perder el empleo. Ese silencio se une a la falta de estadísticas oficiales, que permite a las empresas negar la existencia de casos de acoso aunque la Ley de Igualdad las obliga a “promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención“.

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