La ministra portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha confirmado que la ayuda que solicite la Justicia se prestará a través de los servicios del Ministerio del Interior, que es el organismo a quien le compete. No obstante, ha destacado que el Gobierno en general estará a su disposición si así lo solicita.

A pesar de la insistencia de los medios, en la rueda posterior al Consejo de Ministros, Celáa no ha querido hacer más declaraciones al respecto porque el caso está bajo secreto de sumario y el Gobierno «debe mantener una línea roja» ante la investigación. «No podemos hablar sobre ello», ha insistido.

El caso que afecta a Pablo Iglesias se ha abierto en paralelo a la investigación del excomisario José Manuel Villarejo por la llamada ‘operación Kitchen’, una supuesta trama desde el Ministerio del Interior cuando lo dirigía Jorge Fernández Díaz (PP) para proteger al PP en la investigación de sus casos de corrupción.

Villarejo ha enunciado en una investigación policial el robo del teléfono móvil de una asesora de Iglesias y la difusión posterior de la información privada que contenía.

Además, Villarejo insinuó en sede judicial que la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría conocía la supuesta operación con la que se intentaba desacreditar a Iglesias.

Preguntada al respecto, sobre la existencia de una llamada «policía patriótica», Celaá no ha querido hablar de si el Gobierno está trabajando en alguna medida para que hechos así, en el caso de ser verdad, no vuelvan a suceder. Y ha insistido en que las investigaciones judiciales son secretas.