El Gobierno de Pedro Sánchez elude dar explicaciones a Izquierda Unida, pese a tener todos los datos para ello, sobre las razones que llevaron a sus antecesores del PP a cometer importantes y evidentes fallos en su gestión de determinadas partidas presupuestarias importantes, como la atención a la dependencia. Además, y no menos importante, el Ejecutivo socialista incumple también su obligación parlamentaria de explicar mínimamente qué piensa hacer para evitar repetir esos fallos durante su actual gestión.

Esta situación queda patente en la respuesta escrita trasladada a la diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en materia de discapacidad y asuntos sociales, Isabel Salud. El Ejecutivo socialista recurre a la fórmula de que ‘no puede asumir las decisiones y actuaciones que hubiera llevado a cabo el Gobierno anterior’ para evitar dar respuesta a importantes cuestiones que afectan a decenas de miles de personas.

Según el XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, cerca de 38.000 personas en situación de dependencia fallecieron en 2017 sin recibir las prestaciones o servicios a los que tenían derecho.

Salud se había interesado en su iniciativa, por ejemplo, en conocer “¿cuáles son los motivos por los que se han dejado de ejecutar 44 millones de euros en 2017 para la atención a la dependencia?” y qué va a hacer “ante la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de las cuales 120.000 son grandes dependientes y dependientes severos”. El Gobierno del PSOE no aporta ni un solo dato sobre ello.

Lo que sí hace el Ejecutivo de Sánchez es confirmar que los datos que Izquierda Unida maneja en su iniciativa son correctos. Así, Isabel Salud recordaba que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 incorporaban teóricamente 100 millones de euros más para la atención a la dependencia, que el Gobierno del PP se encargó de “publicitar como muestra del carácter social de sus presupuestos”.

Sin embargo, según los datos provenientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el nivel de ejecución del programa de atención a la dependencia que refleja la aportación estatal para financiar el coste del nivel mínimo de protección fue del 96,5% -es decir, 1.218,14 millones de los 1.262,18 presupuestados-, lo que significa “que se han dejado de ejecutar 44 millones de euros en dependencia en 2017”, casi la mitad de la supuesta subida anunciada a bombo y platillo por el PP.

El Gobierno del PSOE se limita a confirmar ahora en su respuesta a Isabel Salud que ‘en relación con la información interesada, se señala que la cantidad trasferida por la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas en el año 2017 en concepto de nivel mínimo, según las certificaciones emitidas por las diferentes Comunidades Autónomas, se ejecutó el 96,51% del presupuesto’.

Además, entre el resto de cuestiones que IU planteó en su iniciativa que quedan sin responder está conocer cómo va a afrontar el Gobierno “la desatención de 310.000 personas en lista de espera, de las cuales 120.000 son grandes dependientes y dependientes severos”, “¿cuáles son las partidas u objetivos concretos que han dejado de atenderse en 2017 por dicha inejecución presupuestaria?” y “¿qué medidas va a desarrollar el Gobierno para superar la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia?”. La respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez no aporta ni un solo dato concreto que lo aclare.

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