El Gobierno ha vuelto a practicar su nueva estrategia de no decir nada sobre cualquier hecho que pueda ser interpretado como política. Las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros llevan camino de convertirse en una cita en la que será difícil encontrar posicionamientos más audaces que las consabidas referencias al respeto a las leyes o a la importancia de las instituciones, sin que sobre la mesa se plasme una sola opinión política sobre la actualidad. La precaución tiene que ver con la vigilancia a la que el Ejecutivo se siente sometido, tras la reprimenda que ayer mismo les dirigió la Junta Electoral Central por usar las redes sociales con fines partidistas. 

Con esas nuevas reglas en periodo de máximo efecto, el Gobierno ha evitado ofrecer su opinión sobre el nuevo frente judicial que se le puede abrir al independentismo catalán, tras la decisión de la Junta Electoral de denunciar a Quim Torra ante la Fiscalía por un presunto delito de desobediencia. La portavoz, Isabel Celaá se ha limitado a recordar que «en anteriores convocatorias electorales había lazos amarillos en las instituciones y no pasó nada». Celaá ha asegurado que «sorprende la reiteración de determinadas fuerzas políticas reclamando que el Gobierno haga algo que no debe hacer». 

La frase de Celaá se refiere a las críticas que desde la derecha han señalado inacción del Ejecutivo en el conflicto de los lazos. La portavoz del Gobierno ha remarcado que es la Junta Electoral a quien compete poner, como ha hecho, el caso en manos de la justicia. Llegados a ese punto, los periodistas han preguntado qué opinión tiene el Consejo de Ministros sobre la reacción de Quim Torra anunciando una querella contra la Junta Electoral. Como única respuesta, Celaá ha ofrecido nuevas dosis de prudencia: «Es una cuestión electoral y no entraremos».

«Neutralidad garantizada»

La portavoz del Ejecutivo también ha tenido que responder a la reprimenda que la Junta Electoral les ha dirigido este jueves al dar por probado que el Gobierno usó sus cuentas oficiales en Twitter para abordar cuestiones políticas y criticar a las formaciones con las que compiten de cara al 28-A.  

«El Gobierno está a disposición de la Junta Electoral. En todas las cuestiones está a su disposición», ha señalado la portavoz. Según Celaá, Moncloa no cambiará los modos de uso de sus redes sociales porque el episodio denunciado por el PP y aceptado por los magistrados de la JEC se produjo «en el momento del linde de separación del periodo electoral y el no electoral».

Con este argumento, el equipo de Sánchez da a entender que el error se produjo por criterios fronterizos y por ello aseguran que «la neutralidad política está garantizada». Traducido, las ruedas de prensa del Consejo de Ministros seguirán discurriendo por los cauces de una prudencia tan exagerada que lleva al Gobierno a no hablar de casi nada.

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