El Gobierno da por ejecutada la devolución de las cantidades abonadas a Enagás por el fallido proyecto Castor al asegurar que los 34,5 millones de euros que el operador recibió del sistema gasístico se dirigirán al sostenimiento de otras instalaciones.

Así lo manifiesta el Ejecutivo en una respuesta registrada en el Senado, y recogida por Europa Press, al senador de Compromís, Carles Mulet, que había preguntado por las medidas adoptadas hasta ahora para hacer efectiva la devolución a consumidores de gas, entre empresas y particulares, por el sobrecoste que soportaron en sus facturas entre 2014 y 2018 por decretos y resoluciones anuladas posteriormente por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

A los titulares de los derechos de cobro se abonaron entre 2016 y 2018 más de 141 millones de euros, quedando pendientes de abonar otros 100 millones de euros a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional, cantidades que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) resolvió reintegrar al sistema gasista.

¿POR QUÉ NO SE COMPENSA AL CONSUMIDOR?

Frente a la respuesta, Compromís critica que el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para hacer efectiva estas cantidades «ilegalmente cobradas a particulares y empresas entre 2014 y 2018 por sobrecostes, pagos y cánones por el consumo de gas que no estaban obligados a soportar», subrayando que la anulación de las normas que validaban los recargos provocaba que los mismos «debían volver a su lugar de origen, como son los particulares y empresas».

«No compartimos el trato que se está teniendo hacia esta empresa a la que se le ha permitido todo sobre el territorio, se le pagaron cantidades millonarias por su ineptitud e incluso el Gobierno progresista dilata en el tiempo todo lo que puede el desmantelamiento de sus peligrosas instalaciones», sostiene Mulet.

En este sentido, considera que la devolución de estas cantidades al sistema gasística «altera la situación de los mercados y perjudica los derechos e intereses de los consumidores de forma clara», por lo que censura «la falta de transparencia» y «los criterios extraños de no devolver un dinero cobrado ilegalmente, cuando su procedencia es tan clara y existen facturas de por medio que facilitan la devolución o compensación».

Europa Press