La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que el Gobierno quiere construir una fiscalidad en la que «todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad«. Con este objetivo, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.

La medida más novedosa implica que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales tendrán que informar de ello a la Agencia Tributaria. Además, se identificarán los titulares, autorizados o beneficiarios de estas criptomonedas.

El anteproyecto también prohíbe la tenencia y comercialización del llamado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Los fabricantes de estos programas contables podrán ser sancionados con una multa de hasta 150.000 euros.

Igualmente, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales que, a juicio de la ministra, suponen «un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar«.

La nueva normativa amplía el concepto de paraíso fiscal y actualiza la lista de paraísos, incluyendo a aquellos países que «destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia«, según ha indicado Montero.

La lista de morosos con la Hacienda Pública incluirá también a los responsables solidarios. Además, se reduce el umbral para aparecer en el listado de un millón de euros a 600.000. Por otra parte, no se podrán realizar operaciones en efectivo entre profesionales que superen los 1.000 euros en efectivo, frente a los 2.500 actuales.

Otras medidas recogidas en el anteproyecto son la transposición de la directiva europea para que las multinacionales tributen en los países en los que ejercen su actividad y generen valor, así como el refuerzo del control de la actividad de juego y las apuestas deportivas.

La ministra ha subrayado que este conjunto de medidas de lucha contra el fraude supondrán «unos ingresos de 828 millones de euros, una estimación a la baja que se considera prudente».


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