Una de las razones que da el Gobierno frente a quienes le acusan de electoralista por aprobar más de 33.000 plazas de empleo público a un mes de las elecciones generales es que precisamente esos comicios pueden dar lugar a un bloqueo político que le impida hacerlo más adelante. La ministra de Función Pública, Meritxell Batet, ha explicado que tiene la «duda» de que pueda aprobarse una oferta pública de empleo estando en funciones.
Batet ha justificado que se apruebe este viernes «puesto que ahora no estamos en funciones y podemos entrar en un escenario de más incertidumbre». La política catalana ha dejado entrever así que el Gobierno de Pedro Sánchez asume que puede estar en funciones bastante tiempo y que la situación tras el 28A sea de bloqueo prolongado, como sucedió en 2016.
La titular de Función Pública ha asegurado, no obstante, que las ofertas públicas de empleo suelen aprobarse en el mes de marzo y que es una forma de dar seguridad a los opositores actuales hacerlo. «No presentar la oferta de empleo público sería una absoluta irresponsabilidad por parte del Gobierno», ha afirmado Batet, que considera que esa decisión forma parte de la actividad «ordinaria» del Gobierno.
El Consejo de Ministros ha aprobado otros dos decretos de carácter social: la reforma de la estiba y el permiso a los ayuntamientos para que gasten el superávit. Todos ellos, junto con dos sobre las elecciones del 26 de marzo, tendrán que ser convalidados el próximo miércoles en la Diputación Permanente del Congreso, en la que se iban a votar otros tantos cambios normativos aprobados desde que Sánchez anunció el anticipo electoral. El Gobierno asegura que ya no sacará adelante más decretos ley hasta las elecciones.
Preguntada por los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete, la portavoz, Isabel Celaá, ha evitado pronunciarse sobre el presunto espionaje de la policía política del PP comandada por el excomisario Villarejo a Pablo Iglesias bajo el pretexto de que la investigación está en «secreto de sumario».
