Al igual que sucede con los estudiantes universitarios, los alumnos de Formación Profesional (FP) de grado medio y superior también cotizarán a la Seguridad Social cuando hagan prácticas. Falta conocer los detalles de la medida que el Gobierno aprobó a finales de año casi de tapadillo, en forma de disposición adicional de una ley con múltiples y variadas iniciativas, pero es seguro que afectará a los casi 800.000 alumnos de FP.

El sector cree que la medida es positiva, con matices a la espera del desarrollo reglamentario que acabará de aclarar una situación que ahora es un poco confusa, aunque hay unanimidad en afear al Ejecutivo las formas con que ha aprobado este cambio.

De momento, se sabe que todos los estudiantes de FP y los universitarios de grado y máster tendrán que cotizar por las prácticas externas que realicen, sean estas remuneradas o no, sean parte del plan del estudios y por tanto obligatorias o sean ajenas a él y voluntarias. Falta por conocer quién va a pagar esas prácticas: el centro formativo (en el caso de FP, el Estado), la empresa de destino o ninguno de los dos porque estén bonificadas al 100%, como ocurre ahora con algunas. La disposición del Gobierno dice que, en el caso de las prácticas no remuneradas, corresponderá a la “empresa, institución o entidad” donde se vayan a desarrollar las prácticas, “salvo que en el convenio de colaboración se disponga” de otra manera.

Un ingreso suculento

Si finalmente no están bonificadas, el ingreso para el Estado será suculento. En este curso 2018-19 en España hay unos 725.000 alumnos cursando una FP media o superior, descontados los matriculados en la FP Dual, una modalidad con más carga de prácticas que las estándar y que en la mayoría de los casos ya implica la cotización de los alumnos por su régimen especial.

Los 725.000 alumnos tienen que realizar al menos tres meses y medio de prácticas al año (un mínimo de 350 horas, según la titulación). La cotización a la Seguridad Social de los contratos de formación, la que correspondería a esta prácticas, está en unos 50 euros al mes, una vez descontada la aportación para desempleo, a la que los estudiantes no tienen derecho. La cuenta es sencilla: 725.000 estudiantes a razón de 50 euros durante tres meses da un total de casi 109 millones de euros al año. 

“Ha sido una especie de emboscada. Se aprobó casi el último día del año, en puertas de la próxima temporada de prácticas [la mayoría de las prácticas se realizan en este primer semestre del año] y nos enteramos por Twitter. Como concepto podríamos estar de acuerdo, pero no con las formas. Y lo mismo habría que distinguir entre los diferentes tipos de prácticas”, expone Julen Elgeta, presidente de Hetel, una asociación que agrupa a 24 centros de FP de Euskadi, la comunidad autónoma con más presencia de la formación profesional.

En la misma línea se manifiestan desde la Asociación de Profesores de FP. “Es una buena noticia, ya que intenta paliar una de las  vergüenzas nacionales: tener a nuestra juventud perfectamente formada en una situación de precariedad en todos los sentidos. Estamos hablando de jóvenes ya formados, no de alumnos que comienzan sus estudios. Es bueno porque además de ser más justo, el alumnado estará más motivado”, valora José Reina, su portavoz.

Aunque estas opiniones las comparten otros profesionales de la FP consultados, no son las únicas. Otras voces son menos positivas, en la línea de cómo se expresaron los rectores. Por ejemplo la consejera vasca de Educación, Cristina Uriarte, que expresó el pasado miércoles las dos principales pegas que le ve a la nueva ley: el gasto económico (¿quién va a pagar las cotizaciones?) y la burocracia que implica la medida.

Burocratización y gasto

“Nos supone una gran preocupación”, comentó Uriarte. “Supone un gasto que no tiene ningún sentido. Las prácticas deberían estar exentas y conlleva una burocratización que va a complicar la gestión de estas prácticas”, valoró tras la reunión de la todas las comunidades autónomas con la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Entre las críticas más habituales a la propuesta está que, si finalmente el gasto acaba repercutiendo en las empresas donde los estudiantes realizan sus prácticas, alguna compañía pueda echarse atrás ante el incremento de costes y la carga administrativa que conllevará.

De ocurrir, podría suponer un problema al menos para las prácticas curriculares, que aunque tengan forma de trabajo en una empresa formalmente son parte del plan de estudios, una asignatura más, por lo que es de obligada oferta para los centros, se puede aprobar o suspender y es imprescindible para obtener el título.

Elgeta no lo cree: “Una empresa que acoge a un alumno está comprometida. Igual a alguna sí le tira algo para atrás, pero será más por la parte de la gestión que por la económica. La mayoría de las empresas son pequeñas, donde a lo mejor el gerente también es el administrativo, y si se tiene que poner a hacer mucho papeleo desde luego un estímulo no va a ser”, opina.

Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Bertelsman, especializada en la FP Dual, coincide con Elgeta, aunque él se refiere a la FPD, su ámbito de trabajo y donde en la mayoría de comunidades autónomas los alumnos ya cotizan a la Seguridad Social en las prácticas (en esta modalidad las prácticas son de entre 600 y 1.000 horas al año).

Acumulando meses para la jubilación

“Mi opinión personal es que las empresas no se van a retraer. Ellos ven esta cotización como algo natural. Los estudiantes están en su casa y deben estar bien, lo que implica estar cubierto y tener unas condiciones adecuadas”, sostiene. En el caso de la FP Dual, además, el alumno en prácticas es casi un pretrabajador en esa empresa: más de la mitad acaba trabajando en la misma compañía tras acabar su formación.

Reina, de la Asociación de Profesores de FP, aunque favorable a la propuesta, sí muestra una cierta preocupación por este factor a título personal. “Podría ser un gran problema para las enseñanzas de FP. Ya es difícil encontrar empresas adecuadas para las prácticas…”.

Y añade: “Hay comunidades donde se implantaron proyectos educativos para suplir la falta de oferta de prácticas, porque en muchos ciclos formativos no se contaba con que habría horas suficientes de prácticas para todos los alumnos”.

Para el alumno, cotizar a la Seguridad Social tiene dos ventajas inmediatas: la primera es que empezará a acumular meses cotizados de cara a una lejana jubilación. Los van a necesitar: cuando se retiren solo podrán aspirar a la pensión máxima si han sumado 37 años cotizados.

La otra ventaja es que los estudiantes actualmente están cubiertos por un seguro escolar y pasarán a estar bajo el paraguas de la Seguridad Social. “No es lo mismo si hay un accidente”, recuerda Salvans.

Deja un comentario