El Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un decreto-ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para añadir más casos en los que podría cerrar páginas web y bloquear servidores sin necesidad de una orden judicial.
Hasta ahora, como la Constitución española establece que sólo la justicia puede secuestrar publicaciones, el ejecutivo incluyó la figura de un juez que debía dar el visto bueno al proceso; aunque en realidad no podía determinar si el contenido borrado realmente vulneraba la propiedad intelectual. Por lo tanto, aunque fuese más una figura anecdótica, al menos estaba ahí para garantizar la constitucionalidad del proceso.
El nuevo decreto-ley amplía las posibles situaciones en las que el gobierno podría evitar el acceso a ciertos servicios. Los más llamativos son los casos de amenazas graves contra el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional; algo muy laxo y que queda a la interpretación.
Una nueva “Ley Mordaza”
Este nuevo Decreto-Ley se crea, según el BOE, para casos de amenazas graves contra el orden público, algo que recuerda a la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: la más que controvertida “Ley Mordaza”.
Tanto la oposición parlamentaria como la prensa y los profesionales de la justicia y el derecho, criticaron duramente el contenido del anteproyecto por considerar que muchos de sus artículos atentaban contra la libertad de expresión.
Esta ley forma parte de la revisión de la justicia penal española desde la reforma del Código Penal del año 1995 y su desarrollo, aprobación y entrada en vigor ha estado rodeada de fuertes polémicas, incluso a nivel internacional.
En este sentido, un editorial del The New York Times (NYT) instó a la Comisión Europea a apresurarse a condenar la nueva ley, citando al relator de las Naciones Unidas, quien también instó a los legisladores españoles a derogar la ley. El NYT afirmó que «esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática».
En un artículo posterior, el NYT reflejó las opiniones al respecto tanto de Amnesty International como a Human Rights Watch, que considera que la ley supone una «amenaza directa a los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión en España» y cita al portavoz del principal sindicato de policías que también ha manifestado su preocupación respecto a algunos aspectos de la ley, entre otros, la falta del «necesario consenso político y social».
Otros medios internacionales, como The Guardian, recogen las preocupaciones expresados por el International Press Institute respecto a las provisiones «desproporcionadas» que «perjudica al pueblo español en su derecho al acceso a la información sobre temas de interés público».
Una mayor represión
Desde hace años, el gobierno puede cerrar páginas web si considera que atentan contra la seguridad pública o la protección civil, además de en casos de “emergencias”. Sin embargo, los defensores de este poder afirmaban que la ley era sólo una salvaguarda para casos extremos, como el terrorismo.
Esto, sumado a la nueva LPI aprobada a principios de año, funcionarios del gobierno pueden cerrar webs sin autorización judicial ni presencia de un juez, en casos de infracción de derechos de autor.
La publicación del decreto-ley es sólo el principio. Las consecuencias de que el gobierno obtenga semejantes poderes aún no están del todo claras, pero suena de nuevo a represión
